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Desplazados de Guerrero exigen a AMLO resolver problema de violencia

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Foto: Captura de Pantalla

Las familias desplazadas de los municipios de Zitlala y Leonardo Bravo, Guerrero, denunciaron que a más de cuatro meses de su desalojo no han recibido solución a sus demandas.

Esta mañana en conferencia de prensa, los representantes de los desplazados que desde el pasado domingo 17 de febrero mantienen un plantón frente a Palacio Nacional, manifestaron que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha brindado la atención necesaria a los damnificados por la violencia en Guerrero, «a pesar de que sabe de nuestra presencia», expresaron los inconformes.

«Llegamos aquí con la esperanza de que a los tres días máximo nos recibiera el licenciado Andrés López Obrador. Hasta ahorita no tenemos respuesta, sólo mentiras», apuntó la comisión representativa de los afectados.

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Asimismo, imputaron al Gobierno Federal por «lavarse las manos» y trasladar sus denuncias al titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien, afirman, actuó de igual manera delegando el caso al activista por los Derechos Humanos Neftalí Granados, así como a Félix Santana, Director General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de la SEGOB, quienes actualmente fungen como el enlace entre las autoridades y las familias desplazadas.

No obstante, reafirmaron la endeble labor de los funcionarios de DDHH, a quienes reprobaron su presunta falta de compromiso con la resolución de lo que consideran una ‘crisis humanitaria’: «la verdad, Neftalí Granados y Félix Santana son unos chismosos, no han cumplido su palabra (…). Nos vamos a reunir pero que sea con gente capacitada y que esté a la altura para dar atención a las familias desplazadas».

Agregaron que, derivado de la suspensión y aplazamiento de una reunión pactada por la comitiva de DDHH que se reuniría el día de ayer con los inconformes, persiste un clima de incertidumbre en el plantón ubicado a ambos costados de la entrada de Palacio Nacional.

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«Fue necesario que nosotros elaboráramos una propuesta de plan de atención para tener un punto de partida y se iniciaran las mesas de trabajo para que se atendieran nuestras demandas [sic]», señalaron los inconformes ante la falta de una propuesta clara del gobierno morenista, que el pasado lunes 11 de marzo presentó su informe por los primeros cien días de gobierno. «Hasta hoy no existe claridad sobre el tiempo que las familias tienen que esperar para poder regresar a sus comunidades», resaltó Manuel Olivares Hernández, de la junta representativa de los desplazados.

Por otra parte, adelantaron que prevén continuar con el plantón en el Zócalo capitalino hasta ser atendidos por la persona del presidente, y que son cuatro las principales demandas que los afectados hicieron llegar al Gobierno Federal para el periodo de espera: vivienda digna para cada familia durante su estancia en la Ciudad de México; apoyo para el acondicionamiento de las viviendas, que incluiría muebles y electrodomésticos; despensa alimenticia de acuerdo a las necesidades y costumbres de cada familia; y seguridad policíaca y militar con capacidad para responder ante cualquier tipo de agresión.

«El gobernador está coludido con la delincuencia organizada al cien por ciento», asegura Roberto Hurtado, desplazado de Filo de Caballos, Guerrero.

Sin embargo, subrayaron que sus exigencias fueron valoradas como ‘excesivas’ por parte de las autoridades, y que han recibido una contraoferta que consiste en la reubicación de las familias desplazadas en hoteles. Lo anterior fue calificado como ‘revictimizante’ por la junta representativa, debido a que «no están tomando en cuenta que hay familias con más de tres hijos que estarán encerrados por quién sabe cuánto tiempo comiendo lo que el ejército prepare», y lamentaron la disposición del gobierno a someter a un trámite burocrático, que podrían tardar hasta tres meses en resolver, el retorno de los desplazados a sus hogares.

Por su parte, Olivares Hernández hizo un llamado a la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, así como al titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a dar solución a sus demandas.

Manuel Olivares Hernández
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