Denuncia PAN proselitismo de Morena en proceso electoral de 6 estados

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, anunció que el blanquiazul ingresó una demanda ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de nueve funcionarios de la Secretaría del Bienestar por presuntos delitos electorales que incluirían la entrega de las llamadas Tarjetas del Bienestar en los seis estados donde se se llevarán a cabo las elecciones del próximo 2 de junio.

«El presidente sigue en campaña. Debe sacar las manos de la elección. Por ello, Acción Nacional presentó una demanda ante la Fepade y una queja ante el INE por la entrega, en los seis estados en los que tenemos elecciones, de estas tarjetas que, evidentemente, se configura como delito electoral», refirió Cortés Mendoza en conferencia de prensa.

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El dirigente nacional del PAN explicó que las Tarjetas del Bienestar están siendo entregadas «de manera discrecional por los superdelegados» del presidente Andrés Manuel López Obrador, e hizo hincapié sobre las supuestas irregularidades que presentan los plásticos: «no tienen nombre, no vienen personalizadas, ni la papeleta que trae la tarjeta, ni la tarjeta misma», señaló el funcionario.

Por otra parte, acusó a la primera fuerza política del país de servirse de la entrega de las tarjetas para, presuntamente, favorecer a sus candidatos en los comicios del 2 de junio: «se están usando los recursos públicos para beneficiar a los candidatos de Morena», denunció Marko Cortés, y aseguró que su partido plantará cara a quienes «mediante el uso y abuso de los programas sociales con fines electorales», busquen construir un país de mando unilateral, falto de oposición, y en la figura de «un solo hombre mesiánico», refiriéndose al presidente López Obrador.

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De acuerdo con el documento remitido a la Fepade, los funcionarios de Bienestar denunciados son: José Ramón Gómez Leal, Elizabeth Cruz Hernández, Pedro Castillo Ríos, Silvia María Burgos Sánchez, José Heriberto Cantú Deandar, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Mario Eloy Ochoa Garza, Julio César Hernández Molina, Micaela Martínez Narváez, «y/o quien resulte responsable».

Samuel Cervantes Pérez, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, evocó en el tercer inciso de la minuta el acuerdo emitido por el INE «en el contexto del desarrollo de los diversos procesos electorales» que culminarán el próximo 2 de junio; dicho acuerdo incluiría la resolución del Consejo General del INE «mediante la cual se fijan los criterios tendientes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado durante los procesos electorales locales» en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y en el proceso local extraordinario de Puebla.

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Cervantes detalló que dentro del citado acuerdo se establecieron los lineamientos, prohibiciones y restricciones de actuación de las instancias gubernamentales «a efecto de salvaguardar el principio de equidad en los procesos electorales», y subrayó que, a pesar del mismo, el Gobierno Federal habría entregado una serie de tarjetas bancarias presuntamente destinadas a jóvenes y adultos de la tercera edad, «por conducto de la Secretaría del Bienestar».

Durante los comicios del 2 de junio, Aguascalientes elegirá once ayuntamientos y Durango 39; Quintana Roo decidirá sobre 15 diputaciones y 10 diputaciones de representación proporcional; Tamaulipas elegirá 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 diputaciones de representación proporcional.

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Por su parte, Puebla y Baja California son las entidades sobre las que pesa mayor expectativa dado que ambas definirán gubernatura, además de 5 ayuntamientos, en el primer caso, y 17 diputaciones de mayoría relativa, en el segundo.