Coparmex defiende contratación de exfuncionarios

La Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) alzó la voz frente a los nuevos proyectos anunciados de la presidencia de la República para evitar conflictos de interés. La noche del lunes, se pronunció respecto a la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre impulsar una ley que prohíba a los exfuncionarios públicos trabajar en la iniciativa privada en áreas relacionadas con su cargo durante los 10 años siguientes al término de sus labores en la administración pública.

La Coparmex comentó que la participación de efuncionarios en el sector privado no debe ser limitada, dado que el desarrollo nacional requiere del mejor talento humano sin importar que se encuentre en los sectores público y privado o en los niveles operativos técnicos, operativos y directivos.

Te puede interés: AMLO impedirá a exfuncionarios sumarse a IP durante 10 años

Agregó que el tránsito de las personas del sector público al privado, y viceversa, debe ser libre pese a que AMLO lo calificó de «chapulineo», dejando las restricciones como algo excepcional, por periodos razonables y solo en la medida de que las decisiones asumidas en público tengan un impacto relevante, directo y específico.

El tiempo que propone AMLO para que puedan obtener los ex funcionarios un cargo en la industria privada también fue criticado, puesto que señalan que las vedas prolongadas dificultarán el reclutamiento profesional para el sector público, además de que su paso al sector privado «favorece la conducta de integridad en los funcionarios públicos al propiciar su empleabilidad inmediata». Sin embargo, aclaran que en caso de que un ex funcionario que colabore con una empresa privada haya violado la ley, están a favor de que se actúe conforme a derecho sobre este.

Finalmente, lo que la organización patronal calificó como «preocupante» fue que el gobierno federal esté lanzando acusaciones genéricas sobre personas sin dar a conocer algunas pruebas sobre los delitos o actos de corrupción que cita, puesto que las acusaciones ligeras y dogmáticas deterioran la confianza entre el sector público y privado.