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Consejo Coordinador Empresarial reprueba consulta sobre NAIM

Consejo Coordinador Empresarial CCE Consulta
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se mostró en contra de la consulta ciudadana sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional, alegando que una decisión “eminentemente técnica” no debe ser sometida a votación popular.

Por medio de un comunicado compartido en su cuenta oficial de Twitter, el organismo advirtió que decisiones de esta índole, de un “alto grado de complejidad”, deben ser tomadas “por los funcionarios e instituciones facultadas”, que son las responsables de procesar la información técnica, así como los impactos económicos y las decisiones ciudadanas, “para concluir con la mejor opción”.

Asimismo, el texto señala que la consulta, mecanismo que tilda de “inadecuado”, no es “jurídicamente válida” ni posee “sustento legal”.

“No se circunscribe a las condiciones establecidas en (…) la Constitución (…) ni en la Ley Federal de consulta popular. En los términos en los que está planteada, la consulta no tiene ninguna validez ni consecuencia jurídica y por ende no puede ser considerada legalmente vinculante”, se lee.

Detalla que, además, la propuesta de López Obrador no ofrece garantía de llevarse con imparcialidad ni objetividad, y que carece de una gestión clara, al no saberse cómo se garantizará la votación honesta y evitar la compra de votos o el acarreo.

De la misma forma, aclara que varias personalidades encargadas de la consulta han expresado públicamente su simpatía hacia la opción de cancelar el Nuevo Aeropuerto, por lo que temen por el “evidente sesgo” preferencial.

Critica que la información presentada sobre el proyecto de Texcoco es parcial e incompleta, pues no toma en cuenta los pronunciamientos y argumentos del Colegio de Ingenieros, la Asociación de Pilotos, MITRE y otras instituciones.

Se sostiene que la consulta, a realizarse del jueves 25 de octubre al domingo 28, “no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado”, e independientemente de los resultados del ejercicio sin ningún amparo de ley, persiste un ambiente de incertidumbre y preocupación de inversionistas internacionales sobre los proyectos de infraestructura en México, pues su cancelación:

“Tendría implicaciones jurídicas y financieras con acreedores y contratistas, pero especialmente riesgos reputacionales y de confianza en perjuicio de México y de futuros proyectos de gran envergadura, que requieren inversión nacional e internacional”, alerta.

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