Concluye Cámara de Diputados reforma sobre UIF e Instituciones de Crédito

Cinco semanas después de iniciar la discusión, esta mañana el pleno de la Cámara de Diputados terminó la votación referente a Leyes de Instituciones de Crédito aprobando que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aceptando las reservas que causaron un cisma dentro de la bancada de Morena.

El pasado 6 de noviembre, una reserva de la diputada morenista Lidia García Anaya dividió a su bancada y sumó los votos de la oposición para lograr 225 votos a favor, 2 abstenciones, 211 en contra para eliminar del dictamen un párrafo de la fracción III del artículo 116 bis que facultaba a la UIF para que en la misma resolución administrativa, sobre la inclusión de personas en su lista de cuentas bloqueadas, la SHCP pudiera promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados, además de obligarla a notificar a los acusados por escrito.

Esta aceptación de la reserva fue encarada por Mario Delgado en aquella ocasión, lo cual provocó que parte de las bancadas de PAN y Morena subieran a tribuna para intentar imponerse entre jaloneos y gritos, causando que la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, anunciara un receso que se prolongó ante las distintas manifestaciones por el PEF 2020 en el mes de noviembre.

El reclamo de Delgado se debió a que el partido del presidente, en tribuna, se había manifestado a favor del dictamen en sus términos. Originalmente, el dictamen incluye un capítulo V compuesto por el artículo 116 Bis 2, en el cual se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus atribuciones podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados a estas prácticas delictivas sin mencionar la existencia de notificación alguna.

Además, daba la posibilidad a la Secretaría de promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados, algo que fue criticado al considerarse que esta estaría invadiendo las funciones del Ministerio Público y violentando con ello la división de poderes.

En el mismo sentido, posteriormente se incluye un procedimiento para que dichas personas incluidas en la lista de personas bloqueadas puedan hacer valer sus derechos ante la Unidad de Inteligencia Financiera, aunque se establece que el procedimiento iniciará «previa solicitud del interesado» para que se le otorgue una audiencia donde se manifieste por escrito o de manera verbal sus alegatos en contra de los fundamentos o causas por las que fue incluido en la lista.

Mediante Aleida Alavez Ruiz, Morena argumentaba aquella tarde que la modificación fortalecerá el Estado de Derecho a través de un procedimiento para que tanto autoridades como para gobernados tengan claridad en caso de que la UIF tenga indicios suficientes para su inclusión en la lista de cuentas bloqueadas. Por su parte, Dolores Padierna, había declarado que con ello se subsana la deficiencia del debido proceso señalado por la SCJN y para darle validez constitucional.

Por el contrario, Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD, mencionó que con ese dictamen se está desacatando la jurisprudencia de la SCJN del 4 de octubre de 2016 cuando declararon inconstitucional el artículo 115 de la ley reformada negando la facultad de la SHCP y la UIF la facultad de bloquear las cuentas, excepto cuando se trate de resolución de un organismo internacional.

El PAN se posicionó aquel día en contra diciendo que si bien coinciden en la necesidad de combatir el lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita el actual dictamen cae en una práctica inconstitucional por el congelamiento de cuentas bancarias, como ocurrió con el cantante Enrique Guzmán.

No obstante, el partido que insistió con mayor fuerza en su negativa para aceptar los términos redactados aquella tarde fue el PRI. La diputada Lourdes Erika Sánchez señaló que México necesita una adecuación de la legislación vigente para cumplir con acciones de detección y aseguramiento de fondos ilícitos, sin embargo, consideró que este procedimiento integrado en la ley no solventa las inconsistencias señaladas por la SCJN dado que la UIF de la SHCP invade competencias del Ministerio Público violentando derechos a los usuarios del sistema bancario.

Junto a ella, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, de la misma bancada, señaló que en la redacción se pretende convalidar un procedimiento que da facultades que la SCJN había negado a Hacienda debido a su inconstitucionalidad al violentar la presunción de inocencia y el debido proceso ya que no se da una previa garantía de audiencia sino que esta es posterior a su inclusión en la lista, criticando también el que sea el acusado el que deba solicitarla sin siquiera haber recibido una notificación.

Sobre ello esta presentó una reserva en la discusión en lo particular, pidiendo que cuando una persona sea incluida en la lista se le considere únicamente de manera preventiva y que por ello deberá notificada inmediatamente para salvaguardar el principio de presunción de inocencia como algo de debido proceso. Sin embargo, esta reserva fue rechazada junto a las propuestas por Enrique Ochoa Reza, Dulce María Sauri, Soraya Pérez Munguía

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