Casar afirma que no conocía acta de suicidio de su esposo; Presidencia revela dictamen con confirmación

Pese a que María Amparo Casar Pérez, directora de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) —organización fundada por Claudio X. González, opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador—, afirma que no conocía el acta de defunción sobre la muerte de su esposo Carlos Fernando Márquez Padilla García, donde se afirma que el mismo se quitó la vida, ahora la Presidencia de la República revela el dictamen que en su momento realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal donde confirma que el extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) se lanzó desde el doceavo piso del edificio sede en la Ciudad de México por su propia iniciativa.

Según el dictamen difundido por la oficina de la Presidencia de México que consta de 11 páginas y fechado el 7 de octubre de 2004, cuando se determinó el No ejercicio de la acción penal, el esposo de la integrante del grupo de la derecha se habría lanzado pues el estudio criminalístico detalla que “su caída se realiza con su cabeza hacia abajo, con sus regiones frontales del cuerpo de frente a las ventanas y con sus extremidades inferiores hacia arriba”, posición diferente a como relatan algunos de sus colaborares que se “sentaba a fumar”, “de espaldas a la ventana” para que hubiera sido un accidente.

Dicha caída le ocasionó que “cuando cayó al piso se haya golpeado primeramente la cabeza, posteriormente la región dorsal y las extremidades inferiores, no encontrándose indicios de violencia en la oficina, ya que todo estaba en orden, por lo cual se consideró que muy probablemente no hubo participación de terceras personas, resultando con esto que el ahora occiso realizó maniobras de tipo suicida para privarse de la vida”.

Por ello, se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de nadie, al no haber indicios de que alguien más haya participado en la muerte de Márquez Padilla García “ya que él voluntariamente se quitó la vida”.

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El documento de hace poco menos de 20 años contradice lo que el viernes pasado aseguró María Amparo Casar en una entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva donde afirmó que ella jamás conoció el acta de defunción que puso a la opinión pública el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se afirma que su esposo, del que tenía meses separada, falleció de un “conjunto de traumatismos” derivados de la caída, pues aseguró que la única acta que le entregaron decía que había sido un accidente.

“Yo me entero por la televisión, por la mañanera que paso de ser la parte acusadora porque me retiraron un derecho, a ahora voy a ser acusada por que hablan de un acta de la Procuraduría donde se dictaminaba que era suicidio. Nunca la vi. A mí cuando me entregaron el acta decía ‘un accidente’ y ahora resulta que aparece un acta 20 años después, de la nada, diciendo que en realidad se había dictaminado que era suicidio”, dijo la colaboradora de Claudio X. González.

En el dictamen también se revela que el hermano de Casar Pérez, José Ignacio Casar Pérez, y Juan Rebolledo Gout, ambos cuñados del occiso, declararon en primer momento que “posiblemente se trataba de un suicidio, ya que el hoy occiso tenía poco de haberse separado de su esposa (María Amparo Casar) y estaba deprimido por esa causa”. Aunque en una ampliación de sus declaraciones, José Ignacio precisó que “no creía que se hubiera suicidado, así como tampoco pensaba que alguien lo hubiera privado de la vida”; en tanto que Rebolledo Gout afirmó que “le parecía que su cuñado no se había suicidado ya que sí estaba triste por haberse separado de su esposa, pero no con depresión profunda”.

De acuerdo con el gobierno federal, el cobro de la pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales por parte de la viuda de Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien tenía cuatro meses en el cargo como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de la Administración de Pemex, es ilegal debido a que se alteraron documentos, como el motivo de la defunción, para poder cobrarla, por lo que ahora la petrolera busca recuperar 31 millones de pesos que le han sido erogados a Casar Pérez desde 2005 hasta el pasado febrero de 2024 cuando se le suspendió, momento en que también fue presentada una demanda en su contra por comisión del delito de presunto fraude a la Hacienda Pública.

“Se busca recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”, explicó el director de Petróleos Mexicano, Octavio Romero Oropeza, en la conferencia de prensa mañanera del presidente del pasado viernes 3 de mayo.

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La denuncia que también alcanza a exdirectivos de la petrolera, es porque “dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio”, explicó.

En su libro “¡Gracias!”, como lo dio a conocer La Hoguera en marzo pasado cuando salió a la venta la edición, el presidente López Obrador expone el caso de cómo Casar Pérez, entonces coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, en el gobierno del panista Vicente Fox Quesada, acudió acompañada de Héctor Aguilar Camín —también crítico y opositor al actual presidente de México— a ver al entonces procurador del Distrito Federal Bernardo Bátiz para pedirle que cambiara el resultado del dictamen para que apareciera como “accidente” y no suicidio, para poder cobrar los beneficios del deceso. Petición a la que se negaron tanto él como Bátiz.

Además, María Amparo Casar cobró 17 millones 600 mil pesos por concepto de seguro de vida del que era aún su esposo al momento de su muerte, que ahora dice que “ni siquiera lo pagó Pemex, sino una empresa estadounidense con que Pemex tiene convenio”, es decir, una aseguradora a la que la petrolera mexicana con recursos del Estado paga una prima para que sus empleados pudieran tener esta prestación.

Pero esos no son los únicos beneficios que recibió la familia Márquez Padilla Casar tras la muerte del padre, pues los hijos, Carlos —hoy de 40 años— y Fernanda —de 38 años—, cursaron la licenciatura y maestría en Economía en el ITAM, Universidad privadas, gracias a los pagos que hacía Pemex. Pero la colegiatura no es lo único que errogó la empresa del gobierno, sino que también les pagó certificados legalizados, revalidación de estudios, el examen profesional.