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Chantajes de la oposición “bien portada”

Foto: Cuartoscuro

¡Gracias!, el nuevo libro publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha revelado una serie de acciones, encuentro y desencuentros con diferentes personajes de la política, empresariado y “sociedad civil” del país, entre los que destacan peticiones de “favores” y artilugio legales a los que recurrieron panistas de “renombre” para obtener beneficios personales como es el caso de María Amparo Casar Pérez, actual directora de la organización Mexicanos contra la Corrupción, creada por Claudio X. González; el diputado del PAN, Federico Döring; y el propio excandidato presidencial de Acción Nacional Diego Fernández de Cevallos.

En el capítulo 4 llamado “La guerra sucia y el desafuero” del último libro, López Obrador revela que la empleada de Claudio X. González y opinadora en medios como Excélsior, Televisa y Latinus, recurrió, acompañada de Héctor Aguilar Camín, a él su procurador Bernardo Bátiz cuando él era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal para que la ayudara a cambiar un documento sobre la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, entonces empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien se suicidó, pero ella quería que el reporte de los peritos dijera que se había tratado de un accidente para poder cobrar el seguro y una pensión vitalicia. Acto al que afirma el ahora presidente se negó.

“Resulta que el 7 de octubre de 2004, el esposo de la señora Casar, Carlos Fernando Máquez Padilla García se suicidó tirándose de un edificio de Pemex en la Ciudad de México. Como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fe de los hechos exponiendo en el acta que “el occiso realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida”. Por este lamentable caso, la señora Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Bernando Bátiz para pedirle que cambiara el acta, cambiando lo de suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años”, relata el presidente sobre una de sus principales adversarias y críticas que ha encabezado las marchas de la oposición en contra de su gobierno.

Una vez que conoció la petición del procurador, dijo que ambos coincidieron que eso era ilegal y por tanto se negaron a realizar el cambio que pretendía María Amparo Casar. “Bernardo y yo coincidimos que era incorrecto”, apunta.

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Sin embargo, López Obrador afirma que por una situación de “influyentismo” de cualquier manera Casar Pérez pudo acceder al seguro por más de 17 millones 600 mil pesos y una pensión vitalicia por 125 mil pesos mensuales.

“El influyentismo se impuso porque, aún cuando no tenía derecho ni al seguro, ni a otras prestaciones, en virtud de que en caso de suicidio solo se aplicaban las recompensas cuando el trabajador o servidor público llevaba laborando más de dos años, y el finado apenas tenía una antigüedad de cuatro meses en la institución, tanto el banco como Pemex pagaron absolutamente todo: seguro de vida por 17 600 000 pesos y pensión vitalicia de a la viuda por 125 000 pesos mensuales”, explicó el presidente sobre las argucias legales recurridas por la recién abajofirmante del desplegado donde exigen a los medios de comunicación una cobertura igualitaria para las candidatas presidenciales pues afirman que las cadenas televisivas y de radio están siendo presionadas por el Gobierno federal para beneficiar a Claudia Sheinbaum Pardo.

Además de Casar Pérez, el jefe del Ejecutivo también relató la vez que el diputado local panista Federico Döring, entonces asambleístas del Distrito Federal, quiso intercambiar un favor legal “para bajarle a sus ataques” contra él cuando era Jefe de Gobierno de la capital del país.

López Obrador explica que durante su periodo como jefe de Gobierno Döring le mandó a decir a través de la secretaria de Turismo y del secretario de Gobierno que le bajaba a sus ataques si accedía a que un juicio que llevaba uno de sus amigos salía con resolución a favor. Sin embargo, el presidente asegura que no aceptó.

“Me mandó a decir (…) que le bajaba a los ataques en mi contra sí un juicio que llevaba en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por un pleito entre un abogado amigo suyo y las herederas del señor Samuel Kurian, se resolvía a favor de su amigo”, detalla el mandatario federal en la página 99 de sus libro.

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En realidad, sigue, el abogado litigante quería cobrar por la vía penal honorarios que, según las herederas, ya le habían pagado, y en todo caso, era un asunto de carácter civil. La suma de dinero era por 4 millones de dólares.

“En pocas palabras él quería que el procurador Bernardo Bátiz torciera la ley para favorecer a su recomendado. Esa era la negociación para dejarme de atacar. Es obvio que lo mandé al carajo. Es un personaje inmoral como lo son la mayoría de los dirigentes del PAN, iguales o peores que los del PRI, y por eso no les tengo ningún respeto”, afirma López Obrador al tiempo que compadece a las personas de clase media que le han sido engañadas por “estos vivales que se las dan de gente decente y hasta de santurrones, y que son en realidad unas lacras”.

Asimismo, el presidente, en su texto, recuerda el caso que llevó su exrival político Diego Fernández de Cevallos, para jugos Del Valle que hizo que la Hacienda pública le devolviera a la empresa mil 400 millones de pesos por concepto de IVA.

“Otro de los panistas que encarna el influyentismo es Diego Fernández de Cevallos. Este personaje, siendo senador en 2001, actuó como representante o gestor de Jugos del Valle y logró que la Secretaría de Hacienda pagará a esa empresa por concepto de devolución del IVA, la cantidad de 1 400 millones de pesos. Está negociación, llevada al más alto nivel y antes de que se emitiera una resolución judicial definitiva, implicó que de manera unilateral e injusta la Secretaría de Hacienda recortará, por ese mismo monto, el presupuesto de los Gobiernos de los estados, incluído el Distrito Federal”, reclamó.

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