Internacional
Analiza ONU-DH posibles violaciones a tratados internacionales con decreto de obras de AMLO

Con la entrada en vigor del decreto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para blindar las obras de infraestructuras de su administración, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México advierte violaciones a tratados internacionales en materia de impacto ambiental, acceso a la información y derechos de los pueblos indígenas.
En su análisis, la ONU-DH considera que México podría caer en afectaciones a poblaciones vulnerables y en restricciones de información, con el recién publicado acuerdo a través del cual se cataloga las obras de la Cuarta Transformación como de seguridad nacional, incurriendo con él en la violación de algunos estándares internaciones de los que el país es parte.
Recordó que el Estado debe estimar previamente los impactos y riesgos de sus proyectos y obras mediante evaluaciones de impacto ambiental, donde se integre a las personas interesadas, y en específico, en el caso de los indígenas, se “deberá respetar sus derechos colectivos”.
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Además, indicó que, de acuerdo con el Acuerdo de Escazú, del que México es parte, el gobierno deberá proporcionar información y asegurar la participación directa en asuntos ambientales.
En ese mismo sentido, puntualizó la oficina del Alto Comisionado, la reserva y limitación de información por motivos de seguridad nacional, “se deberá dar únicamente cuando salvaguarde un interés legítimo y necesario”, de no ser así, subraya, existe un “deber de transparencia, rendición de cuentas y respeto del derecho a un recurso efectivo en estos casos”.
Subraya también el deber del Estado de realizar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas o administrativas a las que sean susceptibles o les conlleven afectaciones directamente a sus poblaciones, todo ello, señalado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Reiteró también el compromiso que tiene el gobierno en el tema de debida diligencia en materia de derechos humanos como actor económico de los proyectos de desarrollo nacional.
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