Admite gobierno “fuertes desafíos” en materia de derechos humanos

“El gobierno de México reconoce los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos, y destaca que frente a cada uno de estos, se han emprendido acciones para atenderlos”, responde la administración de Enrique Peña Nieto al reporte anual de Human Rigths Watch (HRW).

El pasado jueves, en su reporte 2017, en el apartado sobre México, HRW apuntó que durante el mandato de Enrique Peña Nieto el combate al narcotráfico ha implicado serias violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran: la tortura, las desapariciones forzadas, la supresión de las garantías individuales, la militarización de la seguridad pública, así como los crímenes en contra de periodistas

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, difundido ayer, reiteran el “compromiso inquebrantable” del gobierno mexicano de garantizar la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Reconocen que existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo, “por diversos factores internos y externos a nuestro país”.

“No obstante —subrayan— se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos”. Y destacan algunas de estas acciones:

• El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyas  disposiciones han incorporado los estándares internacionales más altos.
• El Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas. Por ello, continúa colaborando con el mecanismo de seguimiento de la CIDH, y con los familiares de las víctimas y sus representantes. El 95% de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido abordadas de manera efectiva.
• Se reitera el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas.
• Por lo que hace al caso de Tlatlaya, se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.
• Las instituciones que conforman el gobierno de México han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual se refleja en la reducción de las quejas interpuestas ante la CNDH, y de las recomendaciones emitidas por ésta. En particular, en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos existió una reducción del 76% en el número de quejas en el año 2017, en comparación con el año 2012 (último año de la administración pasada).
• El Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones.
• El gobierno de México ha fortalecido sustancialmente el presupuesto y funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE); así como la coordinación con las entidades federativas.
• El 18 de junio de 2016 entró en vigor la reforma al sistema de justicia penal, una de las mayores transformaciones jurídicas e institucionales en la historia de México, que representa un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia. El nuevo sistema opera en todo el país para los delitos federales y del orden común, dando mayor agilidad y perspectiva de derechos humanos a los procesos.
• El Estado mexicano ejecuta normas e instrumenta programas con perspectiva de género y derechos humanos, destacando la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. La Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005 garantizan el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción del embarazo en los casos de víctimas de violación sexual, en todo el territorio.
• México continúa esforzándose para fortalecer las capacidades institucionales que aseguren la protección de las personas migrantes —especialmente los niños, niñas y adolescentes— y solicitantes de refugio que transitan por nuestro país. En los últimos cuatro años, se otorgó el reconocimiento de la condición de refugiado a 6,473 personas y se otorgó protección complementaria a 1,657 más.
• Como se reconoce en el informe de Human Rights Watch, México ha avanzado en la protección de los derechos de las personas LGBTI, buscando eliminar la discriminación y violencia de que son víctimas. Se han elaborado diagnósticos nacionales en la materia y se han adoptado en los 32 estados leyes antidiscriminación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo; y 11 entidades federativas reconocen el matrimonio igualitario.