Marco Antonio Sánchez sí fue víctima de desaparición forzada

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) informó que un Tribunal Colegiado del Poder Judicial otorgó un amparo al joven Marco Antonio Sánchez Flores y a su familia, en el que confirma que sí fue víctima de desaparición forzada por parte de autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex).

El pasado 9 de mayo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que el adolescente sí fue víctima de desaparición forzada, a pesar de que autoridades capitalinas y mexiquenses negaron tal violación a los derechos humanos.

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Redim indicó que Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente y la sentencia judicial determinó que son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la CDMX y el Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron.

Por unanimidad de votos, los magistrados resolvieron modificar la concesión del amparo. Lo que implica que Marco Antonio y su familia reciban reparación integral del daño y que se castigue a todas las autoridades involucradas en la tortura y desaparición, aún y cuando el joven fuera hallado cinco días después.

Lo anterior, dado que se demostró que algunas de las autoridades señaladas como responsables, no sólo incurrieron en su desaparición forzada, sino en la violación de derechos humanos, afectando su dignidad, integridad personal, libertad y reconocimiento a la personalidad jurídica, además de que las autoridades no abordaron el asunto desde la perspectiva del interés superior del menor.

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La sentencia puntualiza que la aparición del adolescente después de cinco días de su detención —con muestras visibles de tortura— no deja sin materia al juicio promovido ante el juez de amparo, toda vez que las cosas no volvieron al estado en que se encontraban, aún perviven tales transgresiones y son susceptibles de una reparación integral.

Concluyendo que la justificación de los policías —de que lo dejaron en libertad— equivale a trasladar a una persona detenida a un lugar distinto al de las instalaciones a las que está obligada como autoridad, por tal razón son responsables de lo ocurrido, ya que tenían la calidad de garantes del adolescente al que privaron de su libertad.

Incluso para los juzgadores federales que revisaron el caso, también existió una notoria omisión por parte de las autoridades de la capital del país y del Estado de México para investigar la desaparición forzada del joven una vez que se tuvieron los reportes policiales.

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ANTECEDENTES.
El 23 de enero de 2018, tras una persecución dos moto patrulleros detuvieron al joven en la terminal del Metrobús Rosario; el adolescente fue subido a una patrulla tripulada por otros dos policías los cuales llegaron a ese sitio e informaron que lo llevarían al ministerio público.

Lo anterior de acuerdo a declaraciones de un amigo que lo acompañaba y del personal de seguridad en esa estación de transporte; sin embargo a partir de ese evento y por cinco días se desconoció su paradero, siendo localizado por las calles del Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, con lesiones en sus órbitas oculares y desorientado.

Los policías justificaron la detención argumentando que una persona había identificado al adolescente como autor de un intento de robo en una calle cercana donde inició la persecución, pero que éste fue liberado minutos después en una avenida cercana dado que no se localizó al supuesto ofendido.

Por ello, a fin de conocer qué le pasó y dónde estuvo, sus padres promovieron un juicio de amparo contra diversas autoridades, ya que luego de cinco días el adolescente fue encontrado deambulando por calles del Estado de México.

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