PRD acusa a candidato de Morena en BC de “conflicto de interés”

Esta mañana el candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz, acusó al candidato de Morena, Jaime Bonilla, de estar involucrado en un posible conflicto de interés y un “complot” para favorecer intereses internacionales, puntualmente, de Estados Unidos, en donde ya había ocupado cargos públicos.

Martínez Veloz, acompañado por distintos integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, convocó a conferencia de prensa en donde señaló que en su entidad se está enfrentando a una campaña de Estado, puesto que tanto el gobernador como el gobierno federal están teniendo intervención en dicho proceso electoral.

Además, el candidato del sol azteca en Baja California ahondó en una serie de hechos, “importantes para la opinión pública nacional”, que involucrarían a Jaime Bonilla en un probable conflicto de interés. De acuerdo con Martínez Veloz, Bonilla durante su estancia en Estados Unidos fue director de la Dirección de Agua de Otay, cargo por el que fue electo por votación en 2002, 2004 y 2012, postulado por el Partido Republicano.

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Martínez Veloz comentó que, en 2004, junto a un núcleo de funcionarios de ese país, diseñó un esquema para impulsar un proyecto de abasto de agua para el condado de San Diego. El proyecto financiado desde Estados Unidos consistiría en instalar una planta desalinizadora en el municipio de Rosarito en Baja California.

El candidato del PRD argumentó que el conflicto de interés es visible tras su postulación como candidato del Partido del Trabajo en 2012 después de dejar en quiebra la junta de agua en Estados Unidos, puesto que en campaña este promovía que una planta desalinizadora sería la solución definitiva a la escasez de agua. Por ello, considera, esto se trataría de una conspiración o complot de carácter internacional, aprovechando debilidades del sistema democrático mexicano para actuar a favor de esos intereses.

Este proyecto, señaló, ha tenido apoyo mediante la acción concertada del ahora candidato de Morena y Kiko Vega al impulsar la Ley de asociaciones Público-privadas, legislación que, acusó, es un esquema donde la deuda es pública y las ganancias son privadas. Esta ley, declaró el candidato perredista, dio pie al endeudamiento estatal para construir una planta desalinizadora y otras obras por un monto de 84 mil millones de pesos y cuya operación estaría costando al gobierno federal hasta 160 millones de pesos durante los siguientes 37 años.

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Además, dio a conocer que aunque la empresa a la que inicialmente se le asignó el contrato era una fachada, pues aunque argumentó tener larga trayectoria en ese tipo de proyectos, al obtener la licitación esta vendió el 20% a una empresa francesa y 55% a la empresa Blackrock, la cual ha estado también detrás del negocio de la construcción del aeropuerto de Texcoco.

Por otro lado, acusó que también ha sido de dominio público que en EU se constituyó como informante del FBI al interior de Estados Unidos, presume de ser ingeniero por la UNAM pero en la SEP no aparece su título en los registros oficiales y que la campaña de Bonilla, según estimaciones de su equipo de campaña, habría dilapidado ya hasta 100 millones de pesos cuando el tope de campaña es de apenas 23 millones.