Segob ha liberado a 16 presos políticos, revisa 368 casos más

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha liberado a 16 presos políticos, así lo confirmó la titular de la dependencia Olga Sánchez Cordero. Quien aclaró que se están evaluando otros 368 casos que van desde activistas ambientales hasta gente a quien se le fabricó cargos por protestar en contra de las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación explicó que la Mesa de Conciliación y Justicia instalada en la Segob ha logrado, en poco más de un mes de trabajos, la liberación de 16 presos políticos. Omitiendo mayores datos respecto a los casos por cuestión de privacidad y protección de datos personales.

Sin embargo, también adelantó que faltan otros 368 casos por revisar para determinar que, en efecto, hay un trasfondo político para privar de la libertad al detenido. Sánchez Cordero señaló que la gama de presos va desde ambientalistas que se opusieron al “fracking” permitido por la reforma energética, hasta miembros del magisterio que se resistieron a la implementación de la reforma educativa.

Sobre cómo se compararían estas liberaciones con las realizadas en la administración de Peña Nieto, Sánchez Cordero señaló que no tiene conocimiento de una instancia como la Mesa de Conciliación y Justicia durante el sexenio, recalcando que fue a petición de López Obrador que se implementó. A lo que el presidente agregó que mantendrá su compromiso con poner fin a las persecuciones políticas y reparar los daños previos.

Sánchez Cordero incluso mencionó que, en algunos de los casos, se llegó a fabricar cargos como secuestro o lavado de dinero en contra de los detenidos. Así como miembros de comunidades campesinas quienes fueron obligados a cultivar o transportar drogas como amapola o marihuana. Lamentando que, en muchos casos, sea la población más vulnerable la más afectada.

De igual manera, señaló la dificultad que representan los casos de personas acusadas bajo los códigos penales de las 32 entidades de la república, como es el caso de mujeres detenidas por abortar ya que hay estados que aún penalizan la interrupción del embarazo. Aunque se puede recurrir al amparo para trasladar estos casos al nivel federal, explicó, este proceso demoraría aún más los avances.