La impunidad en los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país rebasa el 90 por ciento, reconoció Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Lamentablemente el porcentaje de impunidad en nuestro país en la comisión de delitos contra defensoras y defensores y contra periodistas rebasa el 90 por ciento de estos ilícitos y vemos cómo la impunidad de los homicidios cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, 96 en estos tres años de gobierno, le hemos asumido con toda claridad, alcanza el 98 por ciento; y en el caso de los homicidios a periodistas anda en el 94 por ciento”.

Ante ello, admitió también en muchos de los casos que quedan imputen la autoridad tiene “mucha responsabilidad”, por ello, pidió que “las instancias de procuración y de impartición de justicia hagan su trabajo y enfrentemos este fenómeno de impunidad”.

Sostuvo que el 45 por ciento de las agresiones contra periodistas y defensores de DDHH provienen de autoridades municipales, mismas que serán difíciles de erradicar si se continúa con el nivel de impunidad que se tiene ahora.

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En su participación en el Encuentro Internacional de Mecanismos de Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que congregó a representantes de Guatemala, Honduras, Brasil, Perú y Colombia, el funcionario federal dijo que el mecanismo para defender a los activistas ha resultado insuficiente para revertir las agresiones.

Sin embargo, reconoció que sí ha salvado vidas y las personas beneficiadas con él “han encontrado condiciones de protección y seguridad para continuar desarrollando sus actividades, pero el fenómeno delictivo contra periodistas y defensores va más allá del mecanismo”.

El subsecretario lamentó que el mecanismo de protección se haya convertido en un instrumento reactivo y no ha podido consolidar un proyecto transversal que haga que, en el conjunto, las instituciones mexicano se vuelque a garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

A 10 años de lanzado el mecanismo de protección, Encinas propone establecer instrumentos que permitan fortalecer la prevención, definir las responsabilidades de todos los órganos de gobierno que se involucran en la materia, y combatir la impunidad.