Seguridad
Acuerda gobierno reducción del 15% en pagos a penales privados
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que el gobierno federal logró un acuerdo para reducir hasta en 15% el pago a penales privados, así como su próxima incorporación al patrimonio público.
En conferencia de prensa, la secretaria de Seguridad comentó que el 13 de enero se recibió la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para conocer la información de 8 contratos de prestación de servicios de penales privados. Estos tuvieron lugar en 2010, durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y la gestión de Genaro García Luna, cuando era secretario de Seguridad federal.
De acuerdo con la funcionaria, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la ex Coordinación General de Centros Federales; y Marco Antonio Villareal Gutiérrez, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia.
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El costo proyectado de estos acuerdos entre los sectores público y privado es de 276 mil 619 millones de pesos (mdp), de acuerdo con los términos vigentes. A la fecha, el gobierno mexicano ya ha pagado 85 mil mdp; sin embargo, resaltó que los convenios obligan a que se pague un mismo monto mensual sin importar el nivel de ocupación de estos centros penitenciarios.
Buscando un equilibrio, se gestionaron ajustes a los acuerdos a fin de que se paguen anualmente solo 13 mil 543 mdp, lo cual permitirá un ahorro de 2 mil 390 mdp al año; para el periodo 2021-2024, se estima un ahorro de 10 mil 106 mdp y al final de contrato habrán sido 41 mil 496 mdp los que se habrían dejado de pagar.
Rodríguez Velázquez destacó que entre los otros logros se acordó la revisión permanente de la calidad y cumplimiento de obligaciones, así como la incorporación de las instalaciones a las propiedades estatales cuando concluyan los contratos.
Por último, anunció que pese a este tato quedarán abiertos los procesos penales para determinar la responsabilidad de servidores públicos que se han involucrado en daños a patrimonio público de México.
Al respecto, AMLO calificó estos contratos como «leoninos» y como ejemplo de la privatización de la infraestructura para que un grupo hiciera negocios al amparo del poder público. Asimismo, para dimensionar el tamaño del ahorro mencionó que con lo que dejarán de pagar en lo que queda de su sexenio alcanzaría para financiar todos los cuarteles que se necesitan para la Guardia Nacional (GN).
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