Una fría jugada electoral

En cuestión de días, la reforma eléctrica pasó de ser un tema político discutido en el Legislativo a uno jurídico en manos del Judicial y de nuevo a uno político, más bien mediático, a cuenta del Ejecutivo. Fue ahí, en voz del presidente López Obrador, que quedó claro que, desde antes si quiera de que hubiera una iniciativa en la materia, la jugada era electoral. Una fría jugada electoral de esas que solo él puede ejecutar.

“Si declaran inconstitucional la ley, va la reforma a la Constitución. Que necesitamos dos terceras partes para que se apruebe una reforma constitucional, que lo decida el pueblo. Qué bueno que vienen elecciones.” Así amagó López Obrador hace una semana, el 17 de marzo, ante las suspensiones a su reforma eléctrica otorgadas por los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza. A las cuales, incluso, ya se apegó la propia Secretaría de Energía.

Porque es verdad, con la reforma energética de Enrique Peña Nieto la Constitución contradice a la Ley de la Industria Eléctrica, modificada por orden del Ejecutivo federal. Para revertir este efecto, habría que recurrir a una nueva reforma constitucional. Entonces, ¿por qué no se optó por la reforma desde un principio? ¿Por qué hacerla cansada con un decretazo y con la modificación a una ley secundaria si la cuestión viene desde el documento fundacional de la República?

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A finales de julio de 2020, con la vorágine causada por la denuncia de Emilio Lozoya y la filtración de un video en el que se soborna a representantes del PAN para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, López Obrador fue cuestionado sobre si presentaría una contrarreforma para revertir esta, a todas luces aprobada de manera ilegal y en beneficio de los intereses de quienes pusieron las bolsas de dinero.

El presidente respondió que, de haber una reforma energética, sería hasta pasada su consulta de revocación de mandato, programada para marzo de 2022. Argumentando que, por el momento, buscaría rescatar a Pemex y a CFE, así como aspiraría a la autosuficiencia energética, con el marco jurídico vigente. Es decir, con el que dejó la modificación a la constitución que fue comprada a punta de billetazos, según relató Lozoya Austin.

Si el rescate energético es uno de los pilares del proyecto cuatroteísta, ¿por qué esperar hasta dos años para corregir en agravio de tal magnitud por el que, al día de hoy, no hay un solo responsable procesado? La respuesta es simple. Por las elecciones, por la que se supone sería la ‘prueba de fuego’ de López Obrador y Morena, pero que realmente parece más una antesala de la masacre interna que se dará en el 2024 ya que el único que le resta puntos al partido oficial es él mismo.

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Por eso, en vez de ir a la raíz del mal, se optó por podar una rama salida. Si en el camino el presidente tuvo un desencuentro con el Poder Judicial, ¿qué mejor? Así se puede señalar a cuanto juez aparezca por ahí de estar vinculado a José Ramón Cossío, Claudio X. González, Diego Fernández de Cevallos y el interminable etcétera que compone esa ‘mafia del poder’ tan omnipotente como impotente. Lo que sea que alebreste ese sentimiento patriotero.

Ahora, de cara al 6 de junio, el presidente y su partido cuentan con una bandera por demás atractiva: necesitamos ganar para modificar la Constitución y erradicar los rastros del prianismo enquistados en ella. Para esto, evidentemente, hay que ignorar el hecho de que López Obrador dejó pasar 3 años con ultramayorías en ambas cámaras del Congreso. Eran más urgentes iniciativas como el traspaso de los puertos a la Marina.

Al final es una fría estrategia electoral, brillante al sumarse al discurso de que la oposición busca la mayoría legislativa para ‘quitarle el presupuesto a los pobres’, aunque los programas sociales ya están consagrados en la Constitución, porque resulta que el presidente sí puede modificarla, cuando quiere. Es un gran plan, demasiado plan para tan poca y efímera oposición que, sin la necesidad de esta polémica, ya venía volando bajo, muy bajo, bajo tierra.

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