¿Qué busca AMLO en materia eléctrica al proponer volver a la redacción de Adolfo López Mateos?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso hoy impulsar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como cuando estaba el presidente Adolfo López Mateos. Esto en caso de que se declare inconstitucional la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica donde se da prioridad a la producción de Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que algunos han señalado que se atenta contra la libre competencia.

Durante el mes de abril de 1960, el gobierno mexicano comenzó pláticas para adquirir las acciones de las empresas que tenían a cargo el suministro de energía eléctrica, entre ellas la Mexican Light and Power Co. y la American and Foreign Power Co., las dos compañías extranjeras más importantes en México, cuyos servicios solo eran superados por la CFE.

El 1 de septiembre de 1960, Adolfo López Mateos anunció que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución para nacionalizar la industria eléctrica. Veintiséis días después, el mandatario mexicano anunció que el Estado había tomado posesión de la Mexican Light and Power Company, rebautizada más tarde como Compañía Luz y Fuerza del Centro.

El presidente se dirigió a la población que vitoreaba el hecho en la plancha del Zócalo. López Mateos afirmó que este logro permitiría consumar el esfuerzo de tener en sus manos la energía eléctrica y hacer un México más soberano e independiente; asimismo, instó a la población a tomar posesión de este recurso para acrecentar su industrialización en beneficio de sus hogares.

El Congreso de la Unión hizo su labor y para el 29 de diciembre de ese año se consolidó la reforma para asegurar el control de la energía eléctrica por el Estado. “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”, señaló el nuevo mandato constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Quince años después, se publicó una nueva reforma al respecto. La legislatura federal avaló al final del periodo de Luis Echeverría establecer que serían exclusivas de la Nación las facultades de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tengan por objeto la prestación de servicio público, quitando cualquier posibilidad de entregar concesiones a los particulares.

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Fue en la reforma energética de Enrique Peña Nieto que esta cláusula se eliminó. A partir de 2013, la Constitución señaló que las facultades exclusivas de la Nación son únicamente la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de la energía eléctrica. Si bien menciona que en estas actividades no se otorgarán concesiones, se agrega que el Estado puede celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

Este cambio en la industria no pudo ser posible mediante cambios al artículo 27 constitucional, sino que también se acompañó de ajustes al 28 en materia de monopolios.

Pese a que el gobierno de Miguel de la Madrid es visto por algunos como el verdadero inicio del neoliberalismo en México, al inicio de su gobierno, en 1983 se aprobó una reforma que estipuló que, aunque estaban prohibidos, no constituirían monopolios las funciones que el Estado ejerciera de manera exclusiva en áreas estratégicas como la electricidad.

Esta cobertura a la actividad paraestatal en materia de electricidad «sobrevivió» a los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue nuevamente con la reforma energética de 2013 que solo no constituirán monopolios la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.