Los reclusorios de Calderón: contratos para Slim, consentidos de Peña y cercanos a Salinas

Los reclusorios privados que el gobierno de Felipe Calderón contrató por más de 266 mil millones de pesos hasta 2037 tuvieron una amplia lista de beneficiados. Desde los capitales multinacionales de Carlos Slim y el fondo de inversión de BlackRock, hasta empresas que se entrarían en las ‘consentidas’ de Enrique Peña Nieto y otras vinculadas Carlos Salinas de Gortari y las gestiones del Fobaproa durante la administración de Ernesto Zedillo.

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Entre la Línea 12, el Tren Maya y el Fobaproa
De los 7 contratos que suscritos el 27 de marzo de 2010 entre el gobierno de Felipe Calderón y operadoras de reclusorios privados, dos fueron para firmas que componen el corporativo de ICA, empresa que llegó a ser catalogada entre las ‘favoritas’ tanto del exmandatario como de su predecesor, Vicente Fox. Pápagos Servicios para la Infraestructura se encargaría del reclusorio privado de Sonora, mientras Sarre Infraestructura y Servicios haría lo propio con el de Guanajuato.

Alrededor de los mismos años, ICA también se hizo con los contratos de dos obres polémicas. Primero, los de la construcción del Túnel Emisor Oriente, la cual tardó 11 años en ser completada e implicó un costo cuatro veces más alto del que se presupuestó originalmente. Después, la administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México contrató a la empresa para la Línea 12 del Metro, cuyas irregularidades y cuestionamientos llevaron al hoy canciller a salir del país.

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Durante la administración de Peña Nieto, ICA comenzó a enfrentar problemas económicos que lo orillaron a la suspensión de pagos y el concurso mercantil. Siendo hasta que Guadalupe Phillips asumió la dirección general del corporativo que este logró recuperarse, logrando algunos contratos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Aunque Andrés Manuel López Obrador canceló esta obra, concedió a ICA la construcción del tramo cuatro del Tren Maya.

Pese a que, entre 2010 y 2020, el gobierno federal en turno pagó un total de mil 819 millones 178 mil 375 pesos a los operadores del reclusorio privado de Sonora y mil 808 millones 872 mil 216 a los de Guanajuato, ICA tuvo dificultades para pagar un bono adquirido en 2012. Por lo que, en 2019, optó por vender Pápagos y Sarre al corporativo EXI Quantium, concentración que la Comisión Federal de Competencia Económica avaló en octubre de dicho año.

Como parte del gobierno corporativo de EXI Quantium destaca Emilio Robles Miaja, su director jurídico. Siendo que este hermano del recientemente fallecido Luis Robles Miaja, expresidente de la Asociación de Bancos de México y del consejo administrativo de BBVA Bancomer. Pero quizá es más recordador por su paso como director jurídico de Multibanco Mercantil, desde donde negoció e instrumentalizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, en 1998.

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De los reclusorios de Calderón al tren de Peña
La administración de Calderón Hinojosa suscribió un octavo contrato el 18 de marzo de 2011. Esta vez para entregarle la obra del reclusorio privado a Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca SAPI de C.V. Siendo esta una filial del corporativo Grupo Ingenieros, Arquitectos y Asociados; GIA o GIA+A; el cual ha conservado este contrato con el gobierno federal hasta este 2021, habiendo recibido ya mil 771 millones 913 mil 932 pesos.

Aunque GIA oculta la información sobre su gobierno corporativo, como los integrantes de sus consejos de administración y de evaluación, se sabe que su director general es el ingeniero Hipólito Gerard Rivero. Hipólito es el hermano mayor de Ana Paula y Gabriela Gerard Rivero, actuales esposas del expresidente Carlos Salinas de Gortari y de José Antonio González Anaya, director de Petróleos Mexicanos y secretario de Hacienda y Crédito Público de Peña Nieto.

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En noviembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, anunció que GIA sería una de las empresas mexicanas contratadas para la construcción del Tren México-Querétaro. Obra a cargo de la China Railway Construction y que tuvo que ser cancelada ante el escándalo de la ‘Casa Blanca’ de Peña Nieto. La cual le fue ‘regalada’ por Grupo Higa, otro de los participantes en el proyecto.

En un caso similar se encuentran DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria y Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán, las cuales también mantienen sus contratos desde 2010. Habiendo recibido ya un total de cuatro mil 105 millones 770 mil 684 pesos por las operaciones de sus respectivos reclusorios. Esto dado que ambas firmas son filiales del corporativo de construcción Prodemex.

Prodemex, la tercera y última empresa mexicana invitada al Tren México-Querétaro, es propiedad de Olegario Vázquez Raña. Quien también es dueño del Grupo Ángeles de hospitales privados, la cadena de hoteles de lujo Camino Real, el Grupo Financiero Multiva y Grupo Imagen, el conglomerado mediático que concentra tanto el canal de televisión del mismo nombre como el periódico nacional Excélsior.

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‘Perspectiva estable’ para los grandes capitales multinacionales
Los otros tres contratos fueron para Operadora de Infraestructura de Guanajuato, Makobil y CSR Morelos. La primera demostró ser una inversión segura ya que, entre 2010 y 2020, los gobiernos federales de Calderón, Peña y López Obrador le pagaron un total de dos mil 288 millones 804 mil 875 pesos, siendo el segundo reclusorio privado que más dinero ha costado, solo por detrás del de Michoacán, propiedad de Prodemex.

Esto captó la atención de su actual propietario: BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo que opera 7.81 trillones o, dicho en castellano, millones de millones de dólares con operaciones alrededor de todo el planeta. Incluso el propio López Obrador ha utilizado las estimaciones de esta entidad para defender el desempeño económico de su administración, así como ha presumido de su buena relación con su director, Larry Fink, a quien considera su ‘tocayo’.

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El desempeño financiero de Makobil y CSR Morelos también fue destacado ya que, no solo recibieron tres mil 868 millones 364 mil 577 pesos del gobierno durante estos 10 años, sino que también recibió el visto bueno de la calificadora internacional Standards & Poors. La cual, en octubre del 2017, otorgó la calificación ‘mxAAA’ con perspectiva estable a su emisión de bonos bursátiles por hasta 10 mil millones de pesos con vencimiento hasta 2034.

Los contratos con el gobierno federal, que en este caso también vencen en 2034, hoy son propiedad de Capital INBURSA. La firma financiera es propiedad de Carlos Slim y presidida por su hijo, Marco Antonio Slim Domit. Operando en paralelo con América Móvil, Grupo Carso y Fondo de Construcciones y Contratas, firma española en la que Slim es el accionista mayoritario, por encima de otros multimillonarios como Bill Gates o George Soros.

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