Gobierno, IP y sindicatos acuerdan retrasar reforma contra outsourcing

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las confederaciones empresariales y sindicales suscribieron un acuerdo para retrasar hasta febrero del 2021 la reforma para eliminar el modelo de outsourcing. En este plazo, la iniciativa privada buscará adaptar a las empresas para eliminar el abuso en las subcontrataciones, mientras se mantienen diálogos tripartitos para modificar la reforma y llegar a un acuerdo sobre el reparto de utilidades que mandata la Constitución.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador y sus funcionarios, encabezados por Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, anunciaron que pedirán a la Cámara de Diputados aplazar la discusión de la reforma enviada en noviembre. Esto a petición de la iniciativa privada, a la cual se instó a regularizar sus nóminas y dejar las prácticas irregulares que afecten a los trabajadores, como despidos masivos para evitar pagar prestaciones.

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“Nos dará el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en cuanto al tipo de nóminas que van a buscar. Insisto en que los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad, lo que queremos es esto”, dijo Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, quien estuvo acompañado por los titulares de otras ocho cúpulas de la iniciativa privada.

Por su parte, Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México y senador del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que “todo el sector obrero, que aquí está representado, votamos a favor de este convenio. No es algo que pensemos se va a resolver de un plumazo, esto tiene mucho tiempo que empezó”. Siendo que también suscribieron el acuerdo otras nueve organizaciones y confederaciones sindicales.

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Tras tres semanas de reuniones periódicas con el sector empresarial, el primer mandatario agregó que también “se va a buscar un mecanismo justo, equitativo, eficaz para cumplir con la obligación de entregar reparto de utilidades a los trabajadores. Está vigente la ley, lo que establece el Artículo 123 de la Constitución se va a seguir llevando a cabo como se hace, en tanto no se modifique la ley en cuanto a reparto, que no va a ser para perjudicar al trabajador”.

Para esto se destinará un periodo de discusión tripartita entre las autoridades y las confederaciones empresariales y sindicales. Lo que López Obrador destacó como un acto democrático en lugar de recurrir al autoritarismo. Aceves del Olmo aseguró que siempre se está más cerca de acuerdos que de los desacuerdos, así como que los trabajadores no deben temer que estos les afecten. Mientras que Salazar Lomelín vio en el diálogo un motivo para celebrar.

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