“Tenemos que luchar por empujar, con este nuevo gobierno, hacia la identificación forense inmediata”: Mirna Medina

Han transcurrido casi ocho años ya de la desaparición del Roberto Corrales Medina, el 14 de julio de 2014, un vendedor de refacciones automotrices, discos compactos (CD) de música así como en memorias USB en una gasolinera Pemex a la salida de El Fuerte, un municipio del norte de Sinaloa. Desde entonces, su madre, Mirna Nereida Medina Quiñones, comenzó su búsqueda. Lo primero que hizo fue acudir al Ministerio Público de San Blas —a unos kilómetros de la gasolinera donde Roberto fue secuestrado— donde en pocos días se enteró del funcionamiento común a todos estos crímenes y visitó unas fosas clandestinas en El Poblado.

En estos ires y andares, ya desesperada, formó el 12 de septiembre un colectivo junto con otras mujeres que sufrían lo mismo, para acompañarse y localizar fosas clandestinas de manera autogestiva, armadas de palas, picos, sombreros, lentes oscuros y el valor que les inyectaba su pérdida. El periodista Javier Valdez —asesinado hace cinco años en Culiacán— le pondría nombre a aquel grupo de mujeres y hombres de Los Mochis: Las Rastreadores de El Fuerte.

Aunque justo tres años más tarde, la líder y fundadora del colectivo, localizó por fin, el 14 de julio de 2017, en un predio de Ocolome, los restos de un brazo, de la ropa y de una caja para guardar CD, que resultaron ser los su hijo, según dictamen forense del 26 de agosto de ese año.

Ya para entonces, Las Rastreadoras de El Fuerte llamaban sus “tesoros” a esos hallazgos.
Empero, su lucha colectiva por la verdad y la justicia para las personas desaparecidas no se ha detenido. Al contrario, la activista y gestora de derechos humanos tiene cada vez más claro que las desapariciones en México requieren de una de una atención total, tanto desde el ámbito gubernamental como desde la sociedad misma.

Soluciones desde la experiencia

La solución al trágico problema de las desapariciones en México, afirma sin chistar requiere un cambio en la operación de la seguridad pública. La “pregunta del millón”, claro está, sigue siendo “cómo lograrlo”, si bien, desde la experiencia que les han los centenares de hallazgos que el grupo ha logrado, le permite esbozar algunas ideas al respecto.

En primer lugar, se encuentra el hecho que en la mayoría de las denuncias hay policías involucrados, por lo que el gobierno no debería dejar que los grupos vinculados al narcotráfico sigan incidiendo en las corporaciones de seguridad, ya que de otra manera la situación permanecerá sin cambios. Para lograrlo, Mirna Nereida propone darles mejores condiciones salariales a los elementos que las integran pero también pensar en mejorar las oportunidades para los jóvenes del país.

Además, la situación cambia regionalmente e incluso de localidad en localidad. Por ejemplo, en la zona norte de Sinaloa las víctimas de desaparición son hombres de entre 15 y 40 años de edad, ya que por lo general, sí se llega a reportar la ausencia de alguna mujer, “gracias a Dios” suelen ser “jovencitas que se ausentan un fin de semana, pero vuelven en lunes”.

Sin intención de revictimizarlos, pero han corroborado que la mayoría de los jóvenes desaparecidos son consumidores de droga o vendedores de estupefacientes.

Mirna Medina, líder fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte de Sinaloa. Foto: Pedro González Castilla

Esa es la razón por la que Las Rastreadoras de El Fuerte ha presentado propuestas de políticas públicas ante el nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para intentar solucionar de raíz esta cara de la violencia. Al ubicar a la drogadicción como el principal problema, lo que se requiere, desde su perspectiva, es que se fomente la creación de empleos, oportunidades de estudios e incluso lugares para practicar deportes.

“Si nosotros preparamos a la sociedad, educamos a nuestros hijos implementando ese tipo de actividades, como gobierno y sociedad, creo que sí podemos hacer algo”, advierte la gestora en Derechos Humanos, ya que esas posibilidades de desarrollo lograrían sacar de la calle a algunas personas que podrían estar en peligro si no se les atiende, porque es mejor tenerlos con educación y un buen trabajo.

Además hay que contextualizar el fenómeno de las desapariciones por cada región, pues su solución requiere un tratamiento diferente en cada caso. Por ejemplo, en el norte del Sinaloa no existe tan generalizado el problema de la trata de blancas, cuando en Mazatlán sí se da de manera común, siendo un delito que condiciona los procesos para encontrar a las personas desaparecidas.

Ante esa situación, dijo, los familiares de las víctimas deberían poder hablar directamente con el presidente de la República y los gobernadores para contarles de estos contextos y pedirles que “tomen al toro por los cuernos” según las circunstancias que lo rodean.

No permitir que el narco se apodere de México

Con el paso de los años y de los sexenios, la violencia en Sinaloa ha cambiado, explica la activista, puesto que si bien desde hace décadas existía el crimen organizado en la entidad, sus miembros eran “más decentitos” y su actuar era más contenido y menos sanguinario, a diferencia de lo que ocurre actualmente. Desde su punto de vista, la delincuencia se ha impuesto porque en tiempos pasados, aunque intentaba comprar a las autoridades, siempre había alguien que rechazaba esa opción cuando ahora, en cambio, “tienen que entrarle” para no morir.

Y citó nuevamente como ejemplo al cuerpo de policía, los que sin querer están haciendo un trabajo a favor de los grupos criminales, quizás sin quererlo, pero bajo la amenaza de que “su fuerza” los alcanzará en caso de no obedecerlos. Además, considera que no debe permitirse que “el monstruo” del narcotráfico se apodere del país, pero también recordó que en el orden federal también hay muestra de “quién manda y tiene la batuta” como el caso del “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019, cuando Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, fue capturado en un operativo por elementos del ejército mexicano en Culiacán. Sin embargo, miembros de su grupo armado desplegaron a hombres armados por toda la ciudad para perpetrar ataques contra los habitantes, situación ante la cual el gabinete de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberarlo.

“Con el propósito de salvaguardar el bien superior que es la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones”, declaró ese mismo día Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad Pública y actual gobernador de Sonora.

La activista sinaloense señaló que la atención al problema de las desapariciones merece atención del Estado y la sociedad. Foto: Pedro González Castillo

Pero también existe un componente social en torno a esta problemática: la normalización de la violencia. Mirna Nereida reflexiona que las redes sociales tienen mucha responsabilidad en el asunto, porque en ellas circulan videos de crímenes. También cuestiona la difusión de contenidos musicales que enaltecen a los miembros del crimen organizado, como ocurre con los narcocorridos.

“Yo le decía a mi hijo Diego que cuando le prendía al estéreo con esas canciones, al aparato le chorreaba sangre”, en alusión a la violencia descrita en las letras de estas canciones.

Asimismo criticó que la población vuelva héroes o figuras a afamadas a los líderes del crimen organizado y que incluso apelan por su liberación cuando son capturados por las autoridades al considerar que les ofrecen algún beneficio, olvidando los homicidios y desapariciones que cometen incluso contra gente inocente la mayoría de las ocasiones.

“Desafortunadamente, la sociedad los trivializa, los hace ídolos. Por eso cuando alguien va detrás de uno le echan el pitazo y así nunca los van a agarrar”, explica la activista.

La crisis forense, el siguiente problema

A casi una década de la desaparición de su hijo y de la fundación de Las Rastreadoras de El Fuerte, Mirna Nereida vislumbra continuar su lucha, pero desde nuevas trincheras, pues además de que tiene el gran pendiente de hallar el cuerpo completo de su hijo Roberto, así como de otros desaparecidos “hasta que Dios, sus piernas y sus tacones” lo permitan, tiene muy claro que le es necesario pasar ya a otro “nivel de acción” para no dedicarse únicamente a buscar restos humanos con pala, varillas y machete en mano, sino también para entregar los cuerpos que localizan.

De acuerdo al más reciente Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la magnitud de la crisis forense en México se refleja parcialmente en las 52 mil personas fallecidas sin identificar, las cuales se encuentran en fosas comunes, servicios forenses, universidades o centros de resguardo, y la mayoría de esos restos —el 71.73%— están concentrados en los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.

Pese a que la cifra es considerablemente alta, el Comité de la ONU advirtió que podría ser incluso mayor dado que están por contabilizarse nuevos cuerpos o fragmentos localizados que comisiones de búsqueda o familiares encuentran en fosas clandestinas día a día. De esa manera, los especialistas consideraron que, debido a la magnitud de la problemática y la falta de instrumentación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, serán necesarios 120 años para la identificación de los restos humanos localizados.

“De qué nos sirve a Las Rastreadoras o a los demás grupos de búsqueda del país encontrar esos cuerpos si van a ser desaparecidos otra vez. Tenemos que luchar por empujar, con este nuevo gobierno, hacia la identificación forense inmediata”, advirtió enfática la sinaloense. Y podría lograrse, aunque sea paulatinamente, si los involucrados en el tema se ponen a trabajar para dar certeza de las víctimas cuyos cuerpos “están gritando que quieren regresar a casa”.

Mirna Medina y José María Espinosa de los Monteros, director de ‘Te nombré en el Silencio’. Foto: Pedro González Castillo

De otra manera, insiste Mirna Nereida, no existe ninguna satisfacción para los cientos de grupos dedicados a la localización de cuerpos. Y es que luego de recibir las denuncias de desaparición, realizan un trabajo de mapeo, búsqueda y finalmente de identificación, sobre la cual han tenido éxito siguiendo un protocolo propio que consiste en observar los elementos que incluye el descubrimiento, tales como una posible prótesis o el uso de brackets en los dientes para posteriormente buscar en su base de datos si alguna de las víctimas de las que tienen registro tenía esas características o irlas descartando para depurar las listas de desaparecidos en su poder.

Esta experiencia hace que la activista de El Fuerte recomiende al resto de los colectivos de búsqueda compartir este tipo de información, dado que la mayoría de las veces no tienen conocimiento del reporte ni acceso a pruebas de genética. Por lo que los instó a seguir trabajando y apoyándose entre sí, compartiendo sus bases de datos porque se deben agotar las distintas maneras de seguir buscando a sus familiares, incluso usando estrategias que no sólo impliquen “arañar la tierra”.