Suspensión del Plan B es para “preservar la democracia”, dice el ministro Laynez

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek afirmó que concedió la suspensión a la totalidad del dictamen aprobado por el Poder Legislativo en materia electoral, Plan B, que frena su aplicación en el Instituto Nacional Electoral (INE) porque tiene como propósito preservar el Estado democrático en el país.

El integrante del pleno de la Corte señaló que el sistema democrático de México tiene como garantía el adecuado funcionamiento del órgano electoral, y ello se comprometía con las reformas contenidas dentro del Plan B impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, reitera Laynez Postisek en el acuerdo publicado este lunes y concedido el viernes pasado.

Afirma que, de no haber concedido la suspensión, las reformas hubieran entrado en operación ocasionando con ella el despido de funcionarios, lo que haría irreversible la afectación al INE para su correcta operación.

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“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.

Este domingo, la Consejería jurídica de la presidencia de la República al anunciar que impugnaría la suspensión y la entrada en trámite de la controversia constitucional promovida por el INE ante la Corte, rechazó que con la implementación del Plan B se afecten los derechos político electorales de los ciudadanos, pues afirma que “el objetivo es reducir los costos burocráticos de las elecciones y afianzar los principios democráticos”.

Además de que acusó al ministro Laynez Potisek de haber “arrancado hojas de la Constitución” al pasar por alto el artículo 105, fracción 1, de la Carta Magna que prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral e ignorar el artículo 19 fracción II de la Ley Reglamentaria que expresa que no se deben suspender los efectos de una norma general.