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Metrópoli

Suspenden indefinidamente Aeropuerto en Santa Lucía

La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía fue suspendida por tiempo indefinido luego de que un juez federal emitiera la orden hasta que se dicte sentencia aclarando si la cancelación del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco fue legal.

El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, otorgó dos suspensiones definitivas al colectivo #NoMásDerroches.

En una de las suspensiones se contiene la construcción de las obras hasta que se presenten estudios de impacto ambiental, aeronáutico, arqueológico y cualquier otro que dependa del propio gobierno.

Del mismo modo esta suspensión indica la conservación de las obras en Texcoco tal y como se encuentran por lo que no pueden ser inundadas como se había planteado anteriormente para el proyecto de un parque ecológico en el lugar.

«Con esta nueva medida cautelar obtenida por #NoMásDerroches, la construcción del AISL tendrá que esperar a que se resuelva el juicio de amparo de manera definitiva», señala el colectivo.

El colectivo también señaló que anteriormente habían solicitado que antes de iniciar la construcción de Santa Lucía y el desmantelamiento en las obras de Texcoco, el Poder Judicial de la Federación tenía la obligación de determinar si esta decisión del gobierno cumplía con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público.

Este trámite tomará cerca de un año ya que el gobierno debe probar y sustentar diferentes aspectos técnicos y económicos de la cancelación en Texcoco y la conveniencia del sistema del actual aeropuerto Benito Juárez, el nuevo de Santa Lucía y el aeropuerto de Toluca.

Si el gobierno decide impugnar la suspensión definitiva en un tribunal colegiado se tendrá que esperar al menos de dos a tres meses para la resolución absoluta.

«En el caso, el interés social que justifica la suspensión pasa por el eficiente y racional ejercicio de los recursos públicos, en tanto que la obra (Texcoco) implicó cuantiosos recursos públicos, precedidos de múltiples acciones de planeación, presupuestación y autorizaciones (incluso bajo el más riguroso marco legal aplicable a cuestiones plurianuales), que le habrían dotado de una presunción de legalidad, pertinencia y oportunidad», señaló el tribunal colegiado.

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