Internacional
SOS Cali, Colombia: represión y brutalidad policiaca antes y tras el paro del 28A
Las imágenes más difundidas a nivel internacional han sido las de la represión y brutalidad policiaca y del escuadrón antidisturbios en contra de los manifestantes en Cali, Colombia. Con armas y violando los protocolos internacionales sobre el uso de gases lacrimógeno, las llamadas “fuerzas del orden” han disparado sin importar la consecuencia a quienes solo llevan un escudo para intentar protegerse y piedras para defenderse.
Aunque desde la noche del 28 de abril se comenzaba a saber de algunos actos de represión y brutalidad policiaca, días antes se observaba ya una tendencia al uso de la fuerza para desmovilizar a la gente ante las primeras reacciones a las políticas nacionales frente a los reto de la pandemia.
Doce días antes, alumnos tomaron las sedes centrales de la Universidad del Valle (Univalle) en Meléndez, las más grandes de la ciudad, con apoyo de la Asamblea Universitaria. Estos protestaron debido al anuncio sobre el regreso a clases bajo el modelo de alternancia educativa a distancia. Su reclamo no era debido a una negativa a reiniciar clases, sino porque este plan pasaba por alto que muchas de sus carreras requieren de prácticas de laboratorio, salidas o equipos a los que solo tienen acceso en las Universidades.
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“Hubo una serie de amenazas de la gobernadora y el alcalde respecto a que si no abandonaban el campus iban a ser sacados”, contó para La Hoguera David Galeano, estudiante de Ingeniería Sanitaria Ambiental y líder estudiantil de esa casa de estudios. De acuerdo con medios locales, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, acusó a los estudiantes de haber violado chapas y romper puertas de las instalaciones al sur de Cali.
“El 23 de abril, a las 6 de la mañana, llegaron más de 300 unidades de la policía, ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (EMAD), unidad que se encarga de confrontar organizaciones terroristas. Fue alto el nivel de brutalidad que se dio ese día, acorralaron a personas dentro del campus e iniciaron el estallido. Ronda un video de un defensor de derechos humanos, enviado por la alcaldía para ver cómo pasaba el procedimiento, donde se ve a los militares decirle que lo iban a desaparecer, para que te des cuenta de la gravedad de la situación”, relató el estudiante.
Fue entonces cuando el movimiento nacional se unió al que se terminaba de gestar en Cali, aseguró.
Brutalidad policiaca: violación a DDHH y asesinatos en Cali
“El jueves [29 de abril] es cuando empieza la represión dura, la más sangrienta y triste, al estilo de Chile”, dice David recordando cómo se agravó la violación a Derechos Humanos y la libre manifestación por parte de las autoridades. Las escenas de muertes y algunos de los heridos más grabes, comentó para La Hoguera, se deben a que la primera línea de las manifestaciones se ha tenido que proteger solo con escudos y gafas ante el uso de gases lacrimógenos, balas de caucho y goma, pero también de balas de armas de fuego.
“Acá los lacrimógenos son proyectiles, se disparan a la altura del pecho o cabeza para matar a las personas. No es nuevo, desde que crearon el escuadrón móvil de hace 22 años se le atribuyen más de 100 muertes; al día de hoy son muy pocas a las que han dado justicia” agrega describiendo el papel violento que ejerce el ESMAD.
La Red Internacional de Organizaciones por las Libertades Civiles (INCLO, por sus siglas en inglés) advierte que el uso que el uso de cartuchos o granadas lacrimógenas como proyectiles, especialmente a una corta distancia, pueden causar contusiones graves, lesiones en el cráneo, cuello, fracturas, lesiones internas graves e incluso la muerte.
Bajo estas condiciones de operación de las fuerzas policiacas y armadas, el viernes 30 de abril las concentraciones masivas se enfrentaron a una de las jornadas más fatídicas para Cali, Colombia, con 8 asesinatos de manifestantes por parte de balas de la Policía Nacional. De las víctimas, 4 de ellas murieron cerca de Puerto Rellena, rebautizada ahora como Puerto Resistencia y una más en Meléndez.
“Es bastante triste y desconcertante que la primera línea está protegida con escudos, barricadas improvisadas, cascos que las mismas comunidades les regalaban. Se defendían con piedras, mientras que la policía responde con bala, entonces es bastante triste ver cómo una marcha pacífica termina de esa manera”, comentó el líder estudiantil describiendo que, ante la cantidad de eventos, ese día ni los defensores de DDHH ni los auxiliarles médicos presentes fueron suficientes, habiendo ya más de 10 casos de abuso policial contra ellos.
La violencia ha quedado documentada y transmitida en vivo a partir de medios digitales. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de Nicolás Guerrero, un artista y grafitero de 22 años que se manifestaba pacíficamente en el sector Paso del Comercio durante la madrugada del 3 de mayo. La agresión del ESMAD en su contra fue transmitida en vivo por Juan de León, DJ de la misma ciudad, a través de Instagram y vista por más de 100 mil personas.
“Hackearon mi Insta y FB varias veces hoy. Llamadas extrañas a familiares y amigos, preguntan mi ubicación. Hago responsable al Estado Colombiano por mi integridad y seguridad de los míos. Motivo por el cual me veo obligado a abandonar #Cali Mi cel Sigue Dañado”, escribió León en su cuenta de Twitter dando a conocer un posible intento de amedrentamiento por difundir ese crimen.
El terror a la noche y “la bota” militar
Apenas 24 horas después del inicio oficial de la protesta, Diego Molano, ministro de Defensa Nacional, informó que por instrucciones del presidente Iván Duque se enviarían a Cali 700 policías de Colombia, incluyendo al ESMAD, 300 soldados, 2 helicópteros y motocicletas para «garantizar la seguridad» ante «actividades criminales».
«La gobernadora y el alcalde decidieron dar paso a una posición que se tiene acá que es la asistencia militar, es decir, que el orden público pasa a ser también controlado no solamente por la Policía Metropolitana sino que también es asistido por el Ejército Nacional en cabeza del Comandante [Eduardo Enrique] Zapateiro», explicó el líder estudiantil.
La llegada de “la bota militar” a Cali desató nuevos miedos ya que comenzaron los rumores y temores de que se declarara un tipo de “estado de sitio” donde las autoridades civiles serían relevadas de su cargo para permitir que las fuerzas militares tomaran el control de la gubernatura. Fue entonces cuando empezaron a realizar los llamados internacionales para velar por los DDHH de su país ante un posible “Golpe de Estado”.
Esta incursión militar y el asesinato nocturno de Nicolás Guerrero no fueron fortuitos, sostuvo David Galeana para La Hoguera. Estudioso de lo ocurrido, notó junto a otras personas que a partir del 1 de mayo, el modus operandi contra las protestas cambió: por las mañanas y tardes se respira una “paz incómoda” en Cali, mientras que por las noches la policía despliega toda su fuerza sobre alguno de los puntos de concentración de manifestantes, cuando antes lo hacían a cualquier hora del día.
«Hay uno que otro tipo de altercado, pero todo está muy tranquilo y empieza el terror de que lleguen las noches”, comentó y destacó lo ocurrido el 2 de mayo en el barrio de Siloé, uno de los más pobres de la urbe. La noche de ese domingo se realizaba pacíficamente un “velatón”, actividad que consiste en llevar velas para conmemorar la situación, interpretar el himno nacional y cantar, cuando llegó la policía junto al ejército y empezó a atacarlos.
De acuerdo con cifras oficiales y reportes periodísticos locales, el saldo de la agresión directa contra manifestantes fue de 5 personas muertas y 33 heridos por heridas de bala.
“Creemos que intentan escalar la violencia para justificar la entrada de ‘la bota militar’ a custodiar las ciudades. Entonces ante eso reaccionamos a eso, luchamos de día y nos guardamos de noche. Cuando no se ha cumplido han pasado esas masacres. En Siloé no se acató el llamado de las organizaciones, y no le echamos la culpa, pero en gran manera muestra el actuar de la policía”, declaró durante la entrevista.
Por último, vale la pena destacar las denuncias de los últimos 3 días respecto al ataque contra manifestantes desde camionetas y automóviles no oficiales, pero identificados como propiedad de la alcaldía. Desde estos el pasado viernes se denunció que también se estaba buscando intimidar a las brigadas médicas que acudían a los puntos de concentración para auxiliar a los heridos.
Las detenciones arbitrarias también se volvieron comunes, a lo que David detalló que, aunque a través de registros en videos y fotografía se ha documentado el arresto muchas de las personas, al momento de revisar los registros no aparecen sus nombres.
En conjunto, este tipo de comportamientos en toda Colombia ha dejado hasta el 8 de mayo la desaparición de 548 manifestantes, 12 ataques sexuales de policías, 47 personas muertas y 405 heridos.
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