Señala ASF pagos, plazas no autorizadas y más en la Secretaría de Cultura en 2019

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en el gasto de la Secretaría de Cultura, incluyendo pagos no autorizados, bienes y servicios adquiridos no acreditados pese al reporte de su pago y traspasos tardíos que impidieron ser ejecutados en la reconstrucción de los sismos de 2017.

A través de la auditoría 266, la ASF informó que la Secretaría de Cultura pagó, durante 2019, un total 727 mil 867 200 pesos como parte de erogaciones de egresos de ejercicios anteriores sin contar con la autorización correspondiente. Sin embargo, no se acreditó la recepción de los bienes y servicios adquiridos con esos pagos.

Lo mismo ocurrió con el pago de 675 millones 148 mil 400 pesos pagados a 16 personas morales públicas y privadas por la prestación de bienes y servicios cuya posesión no pudo ser comprobada. Entre estos se encuentran el arrendamiento de autos, maquinaria, equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardinería, administración de personal, boletaje, mudanzas, mobiliaria, mudanzas, evaluación de servidores públicos y logística para eventos culturales.

Posteriormente, encontró que 84 millones 136 mil pesos fueron pagados para servicios personales y nóminas, así como plazas no autorizadas para el ramo administrativo 48, sus unidades responsables y otras de carácter eventual.

La cifra monetaria también incluye pagos mayores a los autorizados por concepto de remuneraciones a servidores públicos del sector central. Señala que, aunque el 26 de noviembre de 2019 se comunicó desde la Secretaría de Hacienda las disposiciones específicas para regular el incremento de 1% a 3% de sueldos y salarios de menores ingresos para el ejercicio fiscal de ese año, la Secretaría de Cultura no proporcionó evidencia del trámite presupuestario para consolidarlo.

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De esa manera, el importe total de pagos no autorizados fue de 26 millones 622 mil 600 pesos.

El arrendamiento de bienes inmuebles no quedó fuera de las señalizaciones del órgano fiscalizador tutelado por David Colmenares. De acuerdo a esta, se observó un pago de un millón 396 mil 600 peos adicionales sobre el importe mensual máximo establecido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

Otro punto relevante fue la falta de presentación de documentación justificativa y comprobatoria que acredite la transferencia de 20 millones 245 mil 800 pesos destinado a distintas donatarias, así como documentos que comprueben que los objetivos de estas se cumplieron.

Finalmente, en el tema de la reconstrucción se detectó una transferencia por 194 millones 572 mil pesos a Estados beneficiarios los días 30 y 31 de diciembre, lo cual hizo imposible la ejecución de proyectos que cayeron por ende en incumplimientos.