Senado avala reforma constitucional para limitar pensiones y jubilaciones

El Senado de la República avaló, con el respaldo de toda la oposición en lo general, la reforma al artículo 127 constitucional que establece límites a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos. Esta añade un párrafo a la fracción IV de dicho artículo para establecer que, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.

Al respecto, la reforma al artículo 127 ordena aplicar el límite descrito a aquellas pensiones o jubilaciones a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos ellos del gobierno federal. Asimismo, aplicará a los pagos hechos a extrabajadores jubilados o con pensiones por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios.

No obstante, también establece que quedarán excluidas de la disposición las Fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios; y la pensión no contributiva a que se refiere el artículo 4° constitucional.

Al inicio del debate, Óscar Cantón Zetina, senador de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, defendió el dictamen diciendo que la modificación no buscaba eliminar pensiones o jubilaciones, sino solamente evitar que existan algunas que sean desproporcionadas, pues son financiadas con recursos que pertenecen al pueblo. Destacó que actualmente existen miles de personas retiradas recibiendo pagos estratosféricos, mismos que generan cargas presupuestarias que atentan contra las finanzas públicas.

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Su compañero de bancada Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, negó que la nueva prohibición se vaya a aplicar de manera retroactiva. Además, subrayó que los únicos privilegios que pueden subsistir en una república son aquellos que tienen que ver con las virtudes cívicas.

Pese a que el dictamen recibió el voto unánime de 116 senadores tras la discusión en lo general, incluyendo los opositores, la principal crítica al dictamen provino de Movimiento Ciudadano (MC). La senadora Alejandra Barrales Magdaleno señaló que la bancada naranja daba la bienvenida a la propuesta presidencial, pero que le preocupaba la excepción de aplicación de límites a pensiones y jubilaciones de las Fuerzas Armadas y ministros.

Por otra parte, indicó que se trataba de una «reacción legislativa» y no de una iniciativa que contemple por completo la dimensión del problema de las pensiones en México. Resaltó que el envejecimiento de la población significará una presión más fuerte en los próximos años sobre las finanzas del país, ya que entre 2025 y 2050 la nación pasará de tener 17 a 35 millones de personas de 60 años o más.

Durante la discusión en lo particular, Barrales Magdaleno presentó una reserva intentando indexar las pensiones y jubilaciones a las Unidades de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, solicitó que se incluyera en el segundo transitorio del dictamen que la nueva limitación fuera revisada cada dos años. Sin embargo, la propuesta de ajuste fue rechazada por la mayoría.

Finalmente, el dictamen se votó en lo particular recibiendo 109 sufragios a favor, cero en contra y seis abstenciones, las cuales correspondían a los legisladores emecistas. La minuta fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar su discusión.