Romero Tellaeche rechaza su destitución como director del CIDE

José Antonio Romero Tellaeche rechazó su destitución como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.(CIDE). Esto luego de que la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, anunció que su cargo sería ocupado de manera interina por Lucero Ibarra Rojas.

José Antonio Romero Tellaeche giró un oficio a los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, en el que afirmó que actualmente no se actualiza alguno de los supuestos previstos en la ley para destituirlo. Añadió que tampoco se ha desarrollado el procedimiento correspondiente para retirarlo en los términos señalados por la ley, por lo que conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo.

“De conformidad con el Estatuto General del CIDE y con la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la designación, permanencia y, en su caso, remoción de la persona titular de la Dirección General se rigen por reglas expresas que excluyen cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carente de fundamento jurídico”, explicó.

Atajando otros posibles argumentos, sostuvo que la legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas. Resaltó que, además, todo ello deberá realizarse observando en todo momento el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia.

Junto a ello, resaltó que esto también debe hacerse mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno, debidamente convocada, con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva.

Finalmente, José Antonio Romero Tellaeche expuso que en los supuestos relacionados con el desempeño institucional, la normativa aplicable exige la intervención y consideración de instancias técnicas de evaluación. Recordó que el carácter de estas no es político sino especializado y sus opiniones forman parte sustancial del procedimiento legalmente válido.