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Revisa PGR instalaciones de Marina por 36 desapariciones

Especial

La Procuraduría General de la República (PGR) ha revisado las instalaciones de la Secretaría de Marina (Semar) investigando las desapariciones de 36 personas, acaecidas entre enero y mayo de este año, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), un grupo especializado realiza diversas diligencias y análisis periciales en las instalaciones de la Semar, investigando relación de vehículos y armamento, así como sus ubicaciones actuales, y los radios de comunicación utilizados; nombres del personal de la Marina adscrito en Nuevo Laredo, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del presente año, y sus ubicaciones actuales.

Asimismo, se pidieron el número y ubicación de las bases provisionales desplegadas, el registro de operativos realizados y el de detenciones de personas. Todo durante el periodo mencionado.

En el comunicado de la dependencia, se afirma que los trabajos se realizaron con el apoyo de personal de la Coordinación de Servicios Periciales, así como señala «la total apertura que ha tenido la Secretaría de Marina Armada de México, abriendo sus puertas para trasparentar su actuar durante las investigaciones».

Hacia el final del texto, aseguran que las investigaciones «obedecieron a la buena praxis de todas las instituciones partícipes, sin existir imposición de autoridad judicial», explicando que en ellas, se permitió la participación de víctimas indirectas, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y peritos independientes, nombrados por dicha institución.

Este caso fue abierto luego de que varios familiares de las personas desaparecidas, reportaran las sustracciones “a manos de comandos”, probablemente miembros de la Secretaría de Marina.

Funcionarios federales han revelado que la PGR cuenta con indicios de que las desapariciones podrían haber sido ejecutadas por personas de Juan Gerardo Treviño Sánchez, alias El Huevo, líder de Los Zetas, que se dedican a “tareas de limpieza”, es decir, a la desaparición de personas.

Por su parte, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, ha denunciado la falta de investigación, pues afirma que estas diligencias llegan cuando menos cuatro meses tarde. También, en una entrevista para El País, el representante del Alto Comisionado de la ONU en México, Jan Jarab, afirmó que este es un caso muy grave: «Un estado de derecho no puede aceptar la desaparición como algo normal, tanto de servidores públicos como de particulares», afirmó.

 

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