ProJuárez exige excluir los aspectos regresivos de la reforma penal

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez exigió que la presentación a la reforma penal, pospuesta hasta febrero por la Jucopo, no incluya los aspectos más “regresivos” que contienen los borradores que este martes se filtraron. 

“Saludamos que haya pospuesto el debate para las reformas al sistema de justicia pero exigimos que éstas no incluyan los aspectos más regresivos que contienen los borradores que se hicieron públicos”, escribió en sus redes sociales el ProJuárez, luego de que el senador Ricardo Moreal anunciará que será hasta el 1 de febrero próximo que se hará la presentación a la reforma constitucional en materia penal. 

La asociación civil en defensa de los derechos humanos se refirió como “riesgos” de la reforma penal que podrían contravenir los derechos humanos a 5 aspectos en concreto:  

• Posibilitar el arraigo para más delitos 

• Abrir la posibilidad de validar pruebas ilícitas 

• Eliminar figuras centrales para la justicia oral, como fundir a los jueces de control co los que emiten las sentencias 

• Ampliar el régimen de excepción en delincuencia organizada (que permite llevar un proceso penal con menor cuidado de derechos) a otros delitos, sin criterios acotados. 

• Crear una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales, que puede amenazar la independencia judicial. 

Según información de Proceso los borradores filtrados que incluyen las reformas polémicas a las que se ha referido el centro Prodh, están la posibilidad de usar como pruebas validas en los juicios, las obtenidas a través de la intervención de comunicaciones privadas.  

El proyecto de iniciativa también plantea la restricción del uso de amparos para evitar que las extradiciones de demoren. Además se incluye la ampliación de la figura de arraigo para múltiples delitos, eliminándose la restricción de su aplicación a delitos de delincuencia organizada. 

También tiene prevista la reducción de 80 a 40 días el plazo máximo en el que la autoridad judicial o el Ministerio Público pueden decretar el arraigo de una persona. Además incluye la posibilidad de la intervención de cualquier comunicación privada en materias de carácter fiscal y electoral.

Igualmente, plantea que la ampliación a más de 48 horas para que el MP pueda retener a un imputado antes de dejarlo en libertad o ponerlo a disposición de una autoridad judicial. Actualmente esto solo aplica a los acusados por delincuencia organizada extendiéndosela al delito de corrupción. 

El también coordinador de la bancada morenista en el senado, Ricardo Monreal se limitó a mencionar que esperarán a tener todas las iniciativas por escrito a fin de poder juzgar de manera prudente el proyecto ante la importancia de este paquete legislativo “de gran calado” el cual debe ser vigente durante muchos años.

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