Plantea AMLO desaparición de Inai, Cofece, CRE, CNH, Coneval e IFT

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó en su iniciativa de reforma administrativa la extinción de órganos autónomos entre los que está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). En tanto, propuso la transferencia de sus facultades y obligaciones a dependencias gubernamentales del Poder Ejecutivo Federal.

AMLO planteó en su iniciativa que hay una serie de órganos autónomos que debían desaparecer por no cumplir los objetivos para los cuales se les otorgó dicho rango. Asimismo, retomó un libro del jurista Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cual se menciona que la creación de tales instituciones en México se caracteriza por el desmantelamiento del Estado; la privatización del derecho público; el desmantelamiento del Estado de Bienestar; y la subordinación del Estado Mexicano a Estados Unidos.

De acuerdo con el documento, la primera en desaparecer, en caso de ser aprobado el proyecto en sus términos, sería la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), creada para garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir la existencia de los monopolios. Esto al considerar que los monopolios siguen existiendo y la libre competencia ha sido artificial porque la existencia de dicho órgano constitucional sólo ha beneficiado a las empresas privadas, en perjuicio de las empresas públicas del Estado.

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En segundo lugar, el mandatario mencionó al IFT, destacando que su antecedente había funcionado como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta la reforma de 2013 en materia de telecomunicaciones. Asimismo, enfatizó que la ley le encargó regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, entre otras cosas; sin embargo, opinó que tampoco habría sido efectivo para combatir monopolios en el sector “pese a su gigantesca estructura orgánica y los elevados salarios de sus comisionados”.

En la lista de los órganos autónomos a desaparecer figura también el Inai, sobre el cual acusó que en la práctica ha sido una institución onerosa y con una estructura burocrática obsesa. A la par, insistió en que esta no ha garantizado el acceso a la información y ha solapado la corrupción, encubriendo incluso a los comisionados.

Otras instituciones que el presidente de la República propone eliminar en su iniciativa son la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

¿Y qué pasa con sus funciones?

La iniciativa no contempla solamente la desaparición de tales órganos, sino también qué sucederá con las facultades y obligaciones que actualmente tienen en diversas leyes. AMLO estableció que en el caso de la Cofece, sus atribuciones sean transferidas a la Secretaría de Economía; las del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; las de la CRE y CHN a la Secretaría de Energía; y las del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación a la Secretaría de Educación Pública.

El presidente de la República reconoció que Coneval realizó actividades importantes para medir la pobreza y evaluar las políticas públicas de desarrollo social. Sin embargo, expuso que existe una duplicidad de funciones con las acciones que actualmente realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de modo que se plantea su fusión con este último para “maximizar su potencial”.

Finalmente, para el Inai la propuesta dice que lo relativo a la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como la política de transparencia, se trasladaran a la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuando de trate de temas de la administración federal. No obstante, otros asuntos quedarían en manos de órganos de control de los organismos constitucionales autónomos; y las contralorías del Congreso de la Unión.

Asimismo, establece que lo relativo a partidos políticos pasaría a ser visto por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de conciliación y Arbitraje, en atención a sus apartados.