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Pide FGR 39 años de prisión para Emilio Lozoya y 21 años para su mamá Gilda Austin

Morenistas se congratulan con prisión preventiva de Lozoya
Foto: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, presentó de manera oficial la acusación contra Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el caso de Odebrecht en la que pide 39 años de prisión en su contra, y 21 años para su mamá, Gilda Margarita Austin Solís.

En el documento entregado al juez de control, la Fiscalía solicita que se imponga al exfuncionario del gobierno del priista Enrique Peña Nieto la pena máxima, lo que implica 15 años de cárcel por el delito de lavado de dinero, 14 más por cohecho y 10 adicionales por asociación delictuosa, que son los tres ilícitos que se le imputan tan solo en el caso de la firma brasileña Odebrecht.

En el caso de su madre, Gilda Austin Solís, la pena penal que solicita la FGR es por 21 años, por presuntamente haber participado en el lavado de dinero, delito por el que estaría enfrentando 11 de prisión y 10 por asociación delictuosa. Años que podría pasar en arraigo domiciliario por su condición de adulto mayor de 70 años, según lo propone la FGR.

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Además, la autoridad pide que se le imponga una sanción económica por 5 mil 450 días de multa, mientras en el caso de su madre, exige un desembolso de 4 mil 50 días de multa.

A Emilio Lozoya, la FGR lo acusa de haber recibido 6 millones de dólares por sobornos de la constructora Odebrecht, y parte de ese recurso lo habría usado en la compra de un inmueble en Ixtapa, Zihuatanejo, por un monto de 1.9 millones de dólares, propiedad a adquirida por su esposa Marielle Helene Eckes en 2013.

Por ello, se exige una reparación del daño por 7 millones 385 mil dólares, pues en la acusación se detalla que habría hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de un millón 385 mil dólares que habría “lavado” en paraísos fiscales mediante un sistema de depósitos.

Ante esta petición de la Fiscalía, la defensa tendrá un plazo de 10 días para dar respuesta al requerimiento de la FGR. Después de ello, el juez podrá convocar a una audiencia para calificar las pruebas y determinar si serán aprobadas para el juicio penal.

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