Patricia Armendáriz se pronuncia contra juzgar a expresidentes por privatizaciones

Patricia Armendáriz, la empresaria que se ha visto cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas fechas, se pronunció en contra de que los expresidentes del llamado ‘periodo neoliberal’ sean enjuiciados por haber privatizado bienes públicos. Así como consideró que la petición de una consulta popular para iniciar los procesos judiciales correspondientes es una estrategia para ‘legitimar’ al Poder Judicial ante cualquiera que sea el resultado.

“Es imposible juzgar legalmente actos de privatizaciones procedentes de una política basada en principios de mercado, a no ser que se encuentren ilegalidades en sus procesos”, publicó la directora de Financiera Sustentable en su cuenta personal de Twitter luego de que el primer mandatario anunció su solicitud de una consulta popular para iniciar procesos judiciales contra Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.

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En el primer punto de su exposición de motivos, López Obrador denuncia el “periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebranto monumental del erario, privatización de bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados”, entre otras prácticas que atribuye a los gobiernos comprendidos entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018. A los cuales responsabiliza por la pobreza, la desigualdad, la inseguridad y la violencia que se viven hoy en día.

En el cuarto punto, López Obrador señala directamente a Salinas de Gortari por propiciar la desigualdad social al beneficiar a una minoría, alrededor de 24 familias, con la privatización de empresas, minas y bancos públicos. Mientras que, en el quinto, hace lo propio con Zedillo Ponce de León por la venta de los ferrocarriles y la deuda que generó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, por la cual se han pagado 700 mil millones de pesos, pero asciende a casi dos billones.

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Como ya se ha reportado en La Hoguera, Armendáriz Guerra fue colaboradora clave en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los sexenios de Salinas y Zedillo. Para el primero, fungió como negociadora de la SHCP para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mientras que, con el segundo, se desempeñó como vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y del Ahorro, precisamente durante la intervención del Fobaproa.

Armendáriz consideró que López Obrador busca legitimar acciones con el resultado de la consulta. «Si sale negativa, nadie podrá acusar al gobierno de no tener un programa de juicio generalizado contra posibles actos de corrupción, impunidad o irregularidades electorales. Por el contrario, de salir positiva, esto mandatará al Poder Judicial a una ‘cacería de brujas’ y juicios inéditos que solamente malgastarán nuestras energías en el pasado de manera improductiva”, escribió.

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