Morena va por Ley para castigar huachicol

El grupo parlamentario de Morena propone una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley Federal para Prevenir y Sancionar el Mercado Ilícito de Petrolíferos, es decir, contra el huachicol, con la que se buscaría tener un mayor control y vigilancia de los combustibles y estableciendo penas para quienes participen en la cadena de la comisión del delito.

En el documento, que apareció publicado la mañana de este martes en la Gaceta Parlamentaria, Morena argumenta que la oferta ilegal de combustibles va de la mano con el robo de hidrocarburos y a otras conductas, por lo que, en el marco de la persecución del huachicol por el actual gobierno federal, presentan esta iniciativa que busca desincentivar, prevenir, perseguir y sancionar las conductas ilícitas relacionadas con los combustibles.

Estos objetivos, señala la iniciativa, se contemplan alcanzar a través de un sistema de marcación y controles volumétricos sobre la venta y adquisición de combustibles. La primera de ellas consiste en la adición de trazadores moleculares de identificación a los combustibles líquidos previamente a su salida de la planta de producción para detectar con facilitad los combustibles robados o adulterados que pretenden ingresar al mercado.

Esta marcación, señala el proyecto de ley, estaría siendo realizada en los puntos que al efecto se establezcan en las instalaciones de los permisionarios autorizados (art.9), pudiendo ser realizada por estos últimos previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes tendrán la facultad exclusiva de la adquisición, importación, almacenamiento, distribución, resguardo y transporte de Marcadores en territorio nacional (art. 11) pese a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) será quien emita las disposiciones de carácter general que el Sistema de Gestión de Marcadores de Petrolíferos debe cumplir.

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La segunda medida, en cambio, se basa en la imposición de obligaciones a quienes participan en la cadena de producción, distribución y venta de combustibles para la formación de registros de volumen que forman parte de su contabilidad y que se utilizan para determinar con rapidez la existencia, adquisición y venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

En cuanto a sanciones, la nueva legislación contemplaría la pena de 3 a 7 años de prisión y multa de 6,000 a 9,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a cualquier servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún delito materia de esta Ley o demás leyes aplicables en la materia y no lo denuncie ante la autoridad competente.

Las sanciones podrían ser mayores a las señaladas inicialmente. Según su artículo 28, para todos aquellos que sean o hayan sido trabajadores o prestadores de servicios de un asignatario, contratista, permisionario o distribuidor o servidor público de la industria de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos o de las instituciones de seguridad pública o de seguridad nacional, la pena puede aumentar hasta una mitad más, independientemente de las sanciones correspondientes conforme a las leyes en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando resulte aplicable.

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Además, se estaría estableciendo que todos aquellos propietarios, arrendatarios o poseedores de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie ante las autoridades, podrían pasar de 6 a 8 años de prisión y que pagar de 6,000 a 8,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Esta iniciativa coincide con algunas de las acciones que el gobierno federal ha emprendido desde el inicio de su administración, la cual ha presumido la disminución del robo de combustibles y el reforzamiento del cuidado de los ductos para evitar un nuevo desabastecimiento de combustible como el ocurrido el pasado mes de enero e incidentes como el de Tlahuelilpan, Hidalgo.