Ministros, ‘juez y parte’ de revisar ley de megasalarios, advierten

Ministros de la Corte entrarían en conflicto de intereses al resolver sobre la controversia sobre la ley de megasalarios, advierte, en entrevista con La Hoguera, Carlos Pérez Vázquez, ex integrante de la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ha causado controversia en distintos niveles y áreas de la administración pública, así como iniciado el debate entre académicos, litigantes y defensores de derechos humanos. La fracción I del artículo 6º de este nuevo marco legislativo señala que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La ley que regula, a partir de noviembre de este año, los ingresos de todos los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno del país, ha hecho que ministros, jueces y organismos autónomos se pronuncien en su contra e intenten contravenir, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que esta norma sea calificada de “inconstitucional”. Esta disposición se encontraba prevista desde 2009 en la segunda base del artículo 127 constitucional; sin embargo, en los artículos transitorios, aquellos que señalan excepciones temporales, se indicó que para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que comenzaron el servicio antes de la entrada en vigor de esta ley, las retribuciones nominales superiores a las del presidente se mantendrían durante el tiempo que durara su encargo; mientras tanto, en el caso de las retribuciones adicionales, estas solamente se mantendrían en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127.

Sin embargo, el nuevo marco federal indica que, tras su publicación, quedarán sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma, afectando a los mismos ministros de la SCJN. En mayor grado, se verían afectados los salarios de los ministros que asumieron sus puestos antes de la entrada en vigor de esta ley; es decir, Luis María Aguilar Morales (2009), José Fernando Franco González Salas (2006) y Margarita Beatriz Luna Ramos (2004), quienes tienen un ingreso anual de 4 millones 659 mil 489 pesos frente a los 3 millones 115 mil 531 pesos que ganó el Presidente de la República.

A pesar de que el resto de los ministros actuales percibían un menor salario (2 millones 662 mil 901 pesos libres de impuestos) que Enrique Peña Nieto, la “austeridad republicana” anunciada por Andrés Manuel López Obrador disminuiría sustancialmente su remuneración si éste cumple su palabra de reducir su salario en el Presupuesto de Egresos 2019. De esta manera, los titulares del máximo órgano de justicia en México pasarían a ser “juez y parte” de la posible discusión, en caso de que proceda la aceptación de estas peticiones de revisión de la validez de la norma, haciendo un escenario donde se vislumbra un conflicto de intereses.

La posible solución: Acudir a la Justicia Internacional

En entrevista, el abogado Carlos Pérez Vázquez, quien se desempeñó en la Coordinación de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó que aunque el Poder Judicial existe para resolver conflictos laborales, en este caso existe un conflicto de interés dado que se involucran los intereses directos de los mismos jueces. Asimismo indicó que en este contexto para que pueda ser discutida la validez de esta ley con mayor imparcialidad, la solución es hacer un tipo de excepción en el sentido de que lo resuelto no aplique para sus salarios, teniendo como “máximos”, la defensa de otros jueces de menor rango y dedicándose a analizar la ley y sus impactos hacia otros cargos de la administración pública mexicana.

Bajo su criterio, el maestro en derecho y doctor en letras considera que la única vía real del Poder Judicial para defender su salario es la justicia internacional, teniendo que turnar esa discusión hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, institución internacional que cuenta con antecedentes de jurisprudencia en temas como remoción de jueces, garantías judiciales e independencia judicial. No obstante, señaló, el proceso tomaría tiempo y dejarían, de forma paradójica, su suerte en manos de este órgano de justicia internacional cuando en distintos momentos lo han visto con cierto recelo y desprecio, junto al resto del sistema interamericano de justicia.

“En México no hay vía de solución, no pueden resolver amparos sobre sueldos de ellos, a menos de que hagan la excepción”, recalcó Pérez Vázquez. Finalmente hizo mención a que este tema de los salarios pone en puerta la posibilidad de un cambio integral y paradigmático del sistema de justicia

Mucho dinero no implica derechos humanos

“Ganar mucho y ganar poco, en ambos casos se pueden violar derechos humanos”, señala el abogado Carlos Pérez Vázquez frente a algunas voces dentro del Poder Judicial que han expresado descontento ante este nuevo panorama del gasto burocrático en México. Pérez Vázquez, fundador de Coordinación de Derechos Humanos de la SCJN, comentó en entrevista que la independencia judicial no depende de ganar “mucho dinero” sino de “una actitud permanente de no sumisión a otros poderes e intereses”.

Asimismo, mencionó que la independencia de este poder, frente a los otros dos, tiene otras aristas con más peso, como los mecanismos de elección para que su nombramiento sea imparcial, dado que hay estudios que demuestran que jueces que tienen sueldos elevados ven mermada su independencia, pudiendo tomar parte a favor de quienes los colocan en esos puestos considerando que “prefieren no perder el trabajo, porque ganan muy bien, más que resolver en justicia, que es lo que deben hacer”.

“Ganar mucho dinero no es igual a respetar por los derechos humanos”, sentenció el ex coordinador de Derechos Humanos de la SCJN, indicando que si bien se debe respetar un sueldo digno para que puedan vivir y dedicarse a la función judicial, debe buscarse un parámetro internacional que sirva como referente, el cual podría ser, por ejemplo, una revisión de los salarios de los funcionarios de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Lo ideal, señaló, es que hubiera un acuerdo entre países pobres y ricos, marcando una línea que sirviera como medida mínima y máxima de ingresos para los funcionarios judiciales en cada país.