Nación
México demandó a empresa británica por incumplimiento en entrega de ventiladores Covid-19
El gobierno de México demandó a la empresa británica Viva Enterprise Ltd por incumplir con un contrato donde le compró mil ventiladores que serían usado en enfermos graves del virus del SARS-Cov-2 durante la pandemia de Covid-19.
La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que a través de esta demanda situada en Gran Bretaña, con las leyes de allá, el gobierno de México busca recuperar el pago de 650 ventiladores de los mil que compró a Viva Enterprise por mil 416 millones de pesos, pues del total únicamente entregó, primero, 300 y luego 50. Mientras que México cumplió con todas las especificaciones del contrato como que pagó el 100 por ciento de la compra de forma anticipada para que se fabricaran los aparatos médicos que salvarían vidas en el país.
«Se compraron mil ventiladores a una empresa que se llama Viva Enterprise. El contrato se firmó el 4 de abril de 2020 y se pagó el 100 por ciento de manera anticipada, equivalente a mil 416 millones de pesos», detalló la funcionaria.
Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 24 de octubre, la funcionaria federal subrayó que esta empresa no cumplió con los plazos de entrega y ante la falta de respuesta, dijo que el gobierno de México, entonces encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en 2021 y un proceso civil en Londres por “engaño” que es como tipifica el delito este país.
Aunque en ese momento quien firmó los contratos fue el Insabi, institución que desapareció dos años después, dijo que ahora es el IMSS Bienestar —a quien pasaron todos los bienes y administración— el encargado de continuar con el proceso de la demanda donde se exige entregar los recursos pagados más los intereses generados por ello.
«Se le denuncia a la empresa y el delito en Inglaterra es engaño, entonces se presenta una demanda por engaño, que está en proceso, en noviembre concluye el periodo de aportación de pruebas, tanto del demandante como de la demandada, y en diciembre se llevarán las audiencias, y por la información que tenemos del despacho es que es muy probable que ganemos el juicio porque la materialidad del engaño se da en la no entrega, como no hay manera de acreditar la entrega, se va a acreditar el engaño», detalló.
Sin embargo, informó que por un momento esta empresa inglesa trató de pasarse de “lista” porque a la par que se le compró a ella, el gobierno de México también compró a otra empresa llamada Encore Health, la cual entregó los equipos pagados, pero Viva Enterprise aprovecha esto para decir que lo que había entregado Encore eran los que ella debía, pero se le comprobó que había un contrato diferente para las dos empresas, por lo que aún adeuda lo de 650 ventiladores.
Por otro lado, Raquel Buenrostro también se refirió a los ventiladores que le fueron adquiridos a la firma Philips, cuyos modelos fueron puestos bajo alerta sanitaria internacional tras detectarse fallas en su funcionamiento. Buenrostro dijo que la FDA, la agencia sanitaria de Estados Unidos, emitió en junio de 2021 una alerta de riesgo sobre distintos modelos de ventiladores vendidos en todo el mundo.
«Se emitió una alerta y se pidió tener vigilancia tecnológica sobre esos ventiladores por posibles contraindicaciones… Como era la pandemia, se habilitaron muchos ventiladores sin registro sanitario ordinario, sino con uno especial para uso de emergencia».
La secretaria Anticorrupción agregó que el permiso de operación de dichos ventiladores caducó el 10 de mayo de 2023, al darse por terminada la pandemia, lo que implica que todos los equipos debieron retirarse de inmediato.
«De manera automática por ley, todo mundo debió retirar los ventiladores porque ya no contaban con registro sanitario. La empresa ya no los puede vender ni comercializar en México», indicó.
Ahora, por el no funcionamiento como se supone tenían que operar, por las deficiencias, el gobierno de México está analizando cuál será la estrategia legal que emprenderán en contra de la firma.
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