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Internacional

Lula cesa a comandante del Ejército de Brasil por “quiebre en el nivel de confianza”

Foto: Twitter

El comandante del Ejército de Brasil, Júlio César de Arruda, fue destituido este sábado por órdenes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a dos semanas de la irrupción de cientos de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro a la sede de los tres poderes del país.

El comandante cesado llevaba menos de un mes en el cargo, en medio de un clima de desconfianza por parte de algunos sectores de las Fuerzas Armadas al presidente de izquierda, quien el día de ayer sostuvo una discusión con los comandantes de la Marina y la Fuerza Aérea, en la que hablaron sobre los planes para modernizar las tres fuerzas.

El ministro de Defensa, José Múcio, comunicó, en el transcurso de esta tarde, que el motivo de la salida de Arruda fue un “quiebre en el nivel de confianza” como resultado de la toma a la sede de los tres poderes por simpatizantes del expresidente. Aunque, hizo énfasis en que el sector castrense no se involucró con dicho acontecimiento.

Sin embargo, Lula ha dicho que pone en duda el papel que los uniformados tuvieron en la toma de la sede, ya que presume que una persona facilitó la entrada de los manifestantes; por lo que realizará una revisión profunda de su entorno.

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Además, ha comunicado que busca desmilitarizar al gobierno, por lo cual ha prescindido de 140 militares, quienes estaban a cargo de mandos relacionados con la seguridad y la administración de la Presidencia.

El remplazó de Arruda será Tomás Ribeiro Paiva, de acuerdo con especulaciones. Ribeiro ha dicho que las Fuerzas Armadas «continuarán garantizando la democracia”, aunque ha reconocido a la victoria de Lula como la voluntad del pueblo.

Lula anunció, tras la toma de la sede, que habría una intervención federal en la seguridad pública de la capital Brasilia hasta el 31 de enero, y adelantó que los “fascistas y fanáticos” serán identificados y castigados por las leyes.

El Comité de monitoreo del gobierno brasileño reforzó, pasado 11 de enero, la seguridad ante la amenaza de grupos de bolsoranistas quienes buscaban manifestarse en 20 ciudades, al igual que la Corte Suprema ordenó a las autoridades proteger las carreteras y edificios públicos para asegurar que los manifestantes no bloqueen las vías de comunicación.

 

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