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Los peligros de ser periodista en las entidades de México

Foto: Twitter

México volvió a ser testigo de un crimen en contra de una de sus periodistas en las entidades de México. El lunes, el Diario de Xalapa informaba por la noche el fallecimiento de María Elena Ferral, una de sus colaboradoras que perdió la vida luego de que recibiera 8 impactos de arma de fuego en Papantla, Veracruz.

Este asesinato es el segundo contabilizado en 2020 en apenas sus primeros 3 meses, luego de que el pasado 8 de enero Fidel Ávila se convirtiera en el primer periodista asesinado en 2020 en México y el número 53 registrado por Reporteros Sin Fronteras desde 2013.

El 18 de junio de 2018, el senador Emilio Álvarez Icaza declaró la necesidad de garantizar la seguridad a los periodistas y defensores de Derechos Humanos (DDHH) ante el contexto «dramático» que estos viven en México. Además se refirió a los gobernadores de las entidades federativas como “los grandes omisos en este contexto”.

Ello pinta una veta importante del fenómeno de la violencia contra periodistas: el riesgo del ejercicio en las entidades. De acuerdo con los registros de casos de Reporteros Sin Fronteras y una clasificación de estos realizada por La Hoguera, 20 de las 32 entidades del país han visto un asesinato de un periodista desde 2013.

Las entidades con mayor incidencia de homicidios contra periodistas son Veracruz y Oaxaca con 11 y 10 casos respectivos cada uno; a estos le sigue Tabasco con 5 casos y posteriormente Quintana Roo, Guerrero y Chihuahua con 3 cada uno. Tan solo las primeras dos representan el 38.8% de todos los casos, mientras que al observar el top 7 de entidades, que registran más de 2 asesinatos de periodistas, reúnen el 64.8% de los crímenes.

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Cabe destacar que el riesgo en México suele ser mayor para los periodistas en las entidades federativas de acuerdo con los mismos datos. De los 53 casos, solamente uno de ellos se realizó en la Ciudad de México, capital nacional, mientras que 8 más fueron privados de la vida o encontrados en algún punto de ciudades capitales de entidades (Oaxaca, Tabasco, Sinaloa y Nayarit).

La CNDH presentó en 2018 los tomos de ‘Estudios sobre el cumplimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos’ de 2001 a 2017, en los cuales se destaca las características de periodistas atacados que identifica Rogelio Hernández López: debilidad profesional debido a deficiente formación académica y deontológica; inexistencia, insuficiencia o penalización injusta de leyes; contratos sin salarios y prestaciones no profesionales y que además no protegen ante agravios, ni facilitan capacitación permanente; omisiones y malas prácticas de gobiernos, ministerios públicos, jueces y tribunales; debilidad gremial o del medio, debido al exceso de organismos no unitarios ni defensores de la profesionalización.

De acuerdo con Viridiana Ríos y su modelo analítico, también se encuentra una relación entre la existencia del tráfico de drogas y las muertes por rivalidad entre grupos del crimen en las localidades con el número de periodistas muertos. Esta señala que «a medida que el tráfico de drogas ha migrado de Colombia a México, el número de periodistas asesinados ha disminuido en el primer país y aumentado en el segundo», especialmente de 2004 en adelante y que, de acuerdo con cifras entre 2006 y 2011, se podía observar que «la tasa promedio de homicidios por rivalidad delincuencial en municipios donde se ha asesinado periodistas es de 20.29 casos por cada 100 mil habitantes y de solo 6.91 en donde no ha habido víctimas de este tipo», coincidiendo con ciudades de «mediano tamaño».

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Desde el 2005, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) señalaba en uno de sus informes que normalmente las autoridades estatales y locales, responsables de investigar los asesinatos de los integrantes del gremio, han ido de fracaso en fracaso para resolver los crímenes. Esto, señalaron, se debía a que 1) son más proclives a ser corrompidas, 2) cuentan con menos recursos y 3) se sujetan a un escrutinio menor dejando un clima de impunidad y vulnerabilidad a los periodistas que les hace blanco de la continuidad de los ataques.

En lo local, la CNDH señala en los estudios antes citados que los gobernadores suelen ser destinatarios de suspicacias de periodistas cuando son agredidos dado que existe una deficiencia en la atención de quejas e indagaciones expeditas por el desinterés que se tiene para retomar los casos dejándole la responsabilidad al orden federal.

Finalmente, denuncia también que eso no sucede en todos los casos, sino que también se enfrenta a la improvisación y el desconocimiento de los protocolos de los funcionarios, cayendo en errores tales como el dar a conocer datos de las personas a quienes ofrecen protección.

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