Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, afirma que Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) “miente y se victimiza” al asegurar que se le persigue por pensar diferente.

Ayer, el presidente del INE, a través de un video, señaló que la denuncia penal en contra de los seis consejeros electorales que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato por “’falta de presupuesto’ recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios. Perseguir funcionarios públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales implica criminalizarlos por el derecho a disentir”.

Ante ello, Gutiérrez Luna señala que Lorenzo Córdova miente, pues las acciones penales que tomó no fueron por pensar diferente, sino por no acciones ilegales que cometieron los consejeros al no acatar las disposiciones legales que le había ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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“Lorenzo miente: 1. No se le persigue como afirma. Se victimiza. Y 2. Las acciones que se tomaron en su momento no fueron por “pensar diferente” como cobardemente señala. Fueron por acciones ilegales, premeditadas y dolosas que implicaron una VIOLACIÓN a una suspensión de la SCJN”, afirmó Gutiérrez Luna.

En su mensaje publicado a través de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados agregó el documento enviado a la SCJN en la que solicita la suspensión de la controversia interpuesta por el INE para aplazar la consulta hasta tener mayor presupuesto en la que señala que con la decisión del órgano electoral se “suspenden los derechos de los ciudadanos”.

Lorenzo Córdova en su mensaje de ayer, señalaba que “es grave que un presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”.

Además reiteró que “es grave que se pretenda utilizar al aparato de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversario. Nunca en la historia desde que se fundó el IFE en 1990 se había procedido penalmente en contra de sus consejeros por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder”.