La refinería no lograda de Calderón agravó dependencia energética y endeudó a México

La inauguración de la refinería “Olmeca” en Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, provocó la furibunda reacción de algunos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusando que su obra estaba siendo estrenada sin haberla concluido. Uno de ellos fue el diputado Jorge Triana, del Partido Acción Nacional (PAN), quien de paso minimizó que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa solamente construyera una barda del centro de producción de combustibles que prometió. Pero ¿cuál es la historia y qué daño implicó no hacerla?

El 18 de marzo del 2008, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa aprovechó el marco del 70º aniversario de la Expropiación Petrolera para anunciar que el gobierno mexicano haría una nueva refinería. Según especificó, los trabajos iniciarían con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos en el primer año.

«Con ello se generarán miles de empleos directos e indirectos fortaleciendo la economía nacional. Al recuperar la posición que México merece en el mundo, como verdadera potencia petrolera, lograremos detonar el crecimiento y el desarrollo del país”, declaró en un video.

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Pese al anuncio, un año después no se sabía todavía el sitio de construcción del nuevo complejo. De visita en Venustiano Carranza, Puebla, Felipe Calderón declaró el 19 de marzo que la decisión respecto del lugar para construir una nueva refinería estaba todavía bajo estudio y obedecería a criterios estrictamente técnico-económicos y no políticos. “Así debe ser y así será”, agregó y prometió que en abril de ese año se daría a conocer la resolución.

Fue hasta el 14 de abril de 2009 cuando Jesús Reyes-Heroles González-Garza, entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), declaró que el gobierno haría la refinería «Bicentenario» en Atitalaquia, Hidalgo. De acuerdo con la dependencia, la inversión total para este proyecto sería de 129 mil millones de pesos, de los cuales solo 5 mil 752 millones se destinarían en 2010 con el compromiso de que los recursos fluirían conforme avanzara el proyecto para reforzar la producción del Sistema Nacional de Refinación.

Con esto, aseguró, procesarían 250 mil barriles diarios de petróleo crudo para producir 163 mil barriles de gasolina y 117 mil de diésel diariamente. Aunque no paliaría por completo el déficit, aportaría a reducir el margen entre producción y consumo, el cual provocó que en promedio México importara 294 mil barriles diarios de gasolinas para satisfacer la demanda nacional en los primeros seis meses de 2007.

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Pese a la buena noticia para Hidalgo, la petrolera mexicana advirtió al estado que si quería ser la sede de la refinería debía entregar los terrenos para ello a más tardar en 100 días. A fin de que esta no terminara en territorio guanajuatense, el entonces gobernador priista Miguel Ángel Osorio Chong, reportó el 30 de junio que estaba por finiquitar la compra de 700 hectáreas de terreno para dárselas a Pemex y que ahí construyera el nuevo centro de procesamiento de crudo.

Para pagarlo, el ahora senador recurrió a un endeudamiento que fue avalado en unanimidad por el Congreso de Hidalgo el 22 de julio de 2009. Dicha deuda para el pueblo hidalguense constó de un crédito de mil 050 millones de pesos solicitado a Banamex, mismos que de acuerdo a la secretaria de Finanzas Nuvia Mayorga Delgado, también actual senadora, se saldarían pagando mil 500 millones de pesos a 12 años.

El 23 de julio Reyes-Heroles ejerció presión para tener el terreno diciendo que la refinería se quedaría en Hidalgo o cambiaría a Guanajuato dependiendo qué gobierno conseguía más rápido el lugar para edificarla. Sin embargo, el 13 de agosto confirmó que la planta se quedaría en el estado de la Megalópolis de la Zona Metropolitana del Valle de México y aseguró que la refinería era una prioridad aún pese a la crisis financiera global que estaba impactando a México.

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Enseguida, dio a conocer el plan para su ejecución, mismo que parecía no tener la misma celeridad que habían pedido al gobierno hidalguense para aportar el espacio a ocuparse. De acuerdo con el cronograma, Pemex contemplaba licitar el proyecto hasta 2011 argumentando la necesidad de hacer algunos estudios y advirtió que los primeros litros de gasolina serían producidos hasta 2015.

La refinería parecía avanzar en su planeación, pero el 9 de septiembre el presidente Felipe Calderón anunció que el director de Pemex había presentado su renuncia y en su lugar entraría Juan José Suárez Coppel. Aunque el nuevo encargado de la paraestatal lo negó, el retraso bajo esa nueva administración se observó en junio de 2010 cuando, citado a comparecer sobre el tema, afirmó ante la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión que la construcción de la refinería «Bicentenario» iba todavía en tiempo y forma, pero las obras comenzarían a licitarse hasta el primer trimestre de 2012.

El tiempo pasó y desesperó al priismo. El 15 de marzo de 2011, durante su sexto informe de gobierno y 15 días antes de dejar el cargo, Miguel Ángel Osorio Chong instó a Pemex a comenzar de inmediato los trabajos. Dicha exigencia no fue atendida pues se continuó con el supuesto nuevo calendario de trabajos mientras que la importación promedio de gasolinas ese año alcanzó los 404 mil 700 barriles diarios.

Ante esa situación, su sucesor, Francisco Olvera Ruiz, reestructuró en febrero de 2012 el pago de deuda y cambió de banco la misma para pasar a Banorte. Con esa nueva institución bancaria, el gobierno de Hidalgo pasó a pagar mil 471 millones 852 mil 537 pesos a 180 meses, hasta cubrir enero de 2027.

Firmó y no cumplió: Peña Nieto no retomó la refinería pese a prometerlo

Para el segundo trimestre de 2012 el tema fue motivo de las campañas presidenciales, pues aparecía como una de las promesas incumplidas de Felipe Calderón junto al éxito buscado con su sangrienta estrategia de seguridad. El 9 de abril, AMLO, como candidato de la coalición «Movimiento Progresista» conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT), dio a conocer su propuesta en materia energética, en la cual contemplaba construir cinco grandes refinerías, siendo una de ellas la de Tula sobre la cual refirió que apenas se estaba construyendo la barda perimeteral.

Dicha situación tampoco pasó desapercibida por Enrique Peña Nieto, candidato del PRI y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En su caso, el 20 de mayo se presentó en Pachuca, Hidalgo, donde se comprometió a construir la refinería porque sería fuente de miles de empleos para la entidad. “Vamos a construir la refinería que solo ha sido promesa y que nosotros haremos realidad”, expresó ante miles de asistentes a su evento.

Pero ello tampoco pasó. El regreso del PRI a la presidencia no significó el impulso al proyecto en uno de sus bastiones político-electorales donde el partido había mantenido gobiernos consecutivos desde 1929. La promesa quedó rota cuando el 4 de diciembre de 2014 el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, anunciaron la decisión de cancelar el proyecto heredado al considerar que no sería rentable, motivo por el que apostaron mejor por la modernización y reconfiguración de la refinería Miguel Hidalgo.

Debido a esa decisión, Pemex aceptó en 2015 compensar a la entidad asumiendo la obligación de cubrir los pagos mensuales del crédito solicitado para pagar los terrenos.

En 2017, la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle García, promovió como diputada federal un punto de acuerdo por el que solicitaba a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una auditoría sobre el ejercicio de los recursos ejercidos para los proyectos vinculados con el proyecto “Refinería Bicentenario”. Para entonces, esta calculó que la pérdida patrimonial del proyecto fallido de Felipe Calderón implicaba recursos de 5 mil 695.5 millones de pesos, producto de la erogación de 4 mil 195.5 millones de pesos entre 2009 y 2016 para este y los mil 500 millones de pesos de deuda adquirida por el gobierno de Hidalgo.

En tanto, la ingeniera química señaló que a ello le hacía falta incluir los 274 millones de pesos anuales que se pagan por el pago de intereses y la indemnización pendiente de 135 millones de pesos por la venta de tierras comunes y caminos que quedaron dentro del polígono bordeado.