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Nación

Juez ordena a FGR devolverle casa a Emilio Lozoya valuada en 38 mdp

Emilio Lozoya
Foto: Cuartoscuro

La mansión del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, ubicada en Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y valuada en 38 millones de pesos deberá ser devuelta a sus manos luego de que una jueza federal se lo ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio que promovió la FGR de Alejandro Gertz Manero para hacerse de la residencia del exfuncionario cercano a Enrique Peña Nieto.

La propiedad que reclama la Fiscalía es porque presuntamente Lozoya la habría adquirido por 38 millones 175 mil pesos con recursos recibidos del soborno que le dio Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados.

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En su resolución, la jueza argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012, es decir, previo a la emisión de la regulación.

«En consecuencia, si la compra del inmueble materia de la extinción se efectuó y se consumó en dos mil doce, y esa transacción fue la que motivó la investigación que sirve como base para demandar la extinción de dominio, la acción es improcedente porque la investigación se sigue por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no estaba previsto en el artículo 22 Constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de referencia”, señaló Osorno Arroyo.

Además, la resolución indica que ya existe un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que acota que la Ley de Extinción de Dominio solo es procedente después de su entrada en vigor que ocurrió el 9 de agosto de 2019. Mientras que la investigación de la FGR en contra del exdirector de Pemex por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados se inició el 7 de marzo de 2019, es decir, cinco meses antes.

Sin embargo, la Fiscalía aún puede impugnar la decisión de la jueza ante un tribunal colegiado para que resuelva el caso, ya sea que confirme o modifique lo resuelto por Osorno Arroyo.

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