INE ordena a Layda Sansores bajar publicaciones donde habla de fotos íntimas de diputadas del PRI

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, bajar las publicaciones que hizo hablando de la existencia y posesión de fotografías íntimas de diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que presuntamente habrían mandado a Alejandro ‘Alito’ Moreno. Esto al considerar que es necesario que no actualice actos de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

El INE recordó que 20 diputadas federales del PRI denunciaron a Layda Elena Sansores, el delegado Presidente de Morena en Campeche, Erick Reyes León, al partido político Morena, a influencers, y a quien resulte responsable por la presunta comisión de actos constitutivos de VPMRG en su perjuicio. Según estas, dichos actores cometieron esa violencia con las publicaciones que hicieron y la difusión de contenidos en redes sociales con motivo de las expresiones realizadas por la gobernadora de Campeche en donde aseguró tener fotografías que legisladoras priistas habrían enviado al líder nacional del PRI.

La Comisión de Quejas del INE hizo un análisis de contenidos digitales encontrando que 61 publicaciones (9 en Facebook, 10 de YouTube, 39 de Twitter, 1 de Telegram y 2 de Zylike) tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las denunciantes. En su comunicado, los integrantes del instituto apuntaron que las expresiones vertidas ahí contienen elementos misóginos y discriminatorios por razón de género en perjuicio de las diputadas denunciantes.

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Debido a ello, el INE ordenó a Layda Sansores y demás involucrados que en un plazo que no podrá exceder 3 horas retiren las publicaciones denunciadas. Asimismo, se determinó procedente la tutela preventiva, pues existe un indicio que probablemente dichas manifestaciones se sigan emitiendo, por lo que se considera que existe un riesgo actual y real, de que las personas denunciadas incurran nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales en materia de VPRG; esto con excepción a la Gobernadora de Campeche, en atención a que la Sala Superior en el Acuerdo SUP-JDC-613/2022 ya ordenó similares medidas.

Cabe destacar que las legisladores tricolores también habían pedido que se instauraran medidas extras como la prohibición de comunicarse con las víctimas, la limitación para asistir o acercarse al domicilio de las víctimas o lugar determinado y la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas o a personas relacionadas con ellas.