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INAI ordena a la FGR informar quiénes han declarado en caso Odebrecht

INAI ordena a la FGR informar quiénes han declarado en caso Odebrecht

Los nombres de los funcionarios y ex funcionarios llamados a declarar por el caso Odebrecht deberán ser dados a conocer por la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo instruyó este pasado martes el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

María Patricia Kurzcyn, comisionada del INAI, afirmó que al estar involucrados en el caso servidores públicos de una empresa productiva del Estado, como Pemex, “existe una afectación al interés público en beneficio de un interés particular, que perjudica no sólo a esa empresa sino a la sociedad en general, toda vez que las conductas que se persiguen en el caso Odebrecht, en específico cohecho y enriquecimiento ilícito, están catalogadas como actos o hechos de corrupción”.

La orden se está dando después de que la FGR respondiera a un interesado que la información estaba clasificada como reservada y confidencial bajo el argumento de que esta se encontraba dentro de una carpeta de investigación en trámite (FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017) la cual indaga en supuestos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.

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Al respecto, la comisionada del INAI indicó Kurczyn, precisó que la institución no pretende en ningún momento “establecer, acreditar o decidir si se han cometido, o no, los delitos de hechos de corrupción que se investigan en la carpeta de investigación” sino que, conforme al ámbito de su competencia, se busca velar por la debida aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por ello, tras analizar la legislación vigente y la exposición de María Patricia Kurzcyn, el Instituto determinó que los nombres de quienes declararán para fundamentar la carpeta caso Odebrecht, así como de los que enfrenten acusaciones al respecto, son de interés público al implicar vínculos con actos de corrupción cometidas, presumiblemente, por personas en el ejercicio de sus funciones públicas que pudieron causar un detrimento en el erario federal para obtener un beneficio personal.

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