Impulsan hasta 20 años de prisión para quien proteste en Tabasco

Este fin de semana, diputados de Morena en el Congreso de Tabasco avalaron una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal que sanciona con prisión a quienes realicen manifestaciones con marchas y bloqueos en carreteras o impidan la ejecución de obras públicas o privadas, y que fue denominada por la oposición como la “Ley del Garrote”.

La modificación en los artículos 299, 306, 307 y 308, adicionando el artículo 196 Bis; y del artículo 308 Bis, del Código Penal de Tabasco, fue aprobada con tres votos a favor y uno en contra por parte de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil del Congreso del estado.

Con esta propuesta del gobernador Adán Augusto López Hernández, este dictamen busca sancionar con penas de hasta 20 años de prisión a manifestaciones y protestas.

«Cualquier persona que carezca de facultad legal, impida total o parcialmente libre tránsito de personas», dicta la reforma que castigará con 5 años a quien incurra esto. La pena incrementa el doble si el o la manifestante se hace acompañar de menores de edad.

Para quien incurra en el delito de oposición a la ejecución de trabajos y obras públicas, se le extenderá una condena de 6 hasta 13 años de prisión.

Si se incurren en el delito de interrupción o dificultad del servicio público de comunicación, la sanción va de seis meses a cuatro años en prisión. Si una persona dificulta el servicio público local de comunicación, obstaculiza las vías, retiene unidades o les impide el paso de algún modo, podría recibir de 1 a 8 años de prisión.

También se han considerado multas económicas de 168 mil 980 pesos a quienes incurran en estos delitos y, si se es unfuncionario público o ex servidor público, serán inhabilitados de 5 a 10 años y no podrán desempeñar algún cargo o comisión pública.

Este próximo lunes la reforma será votada en el Pleno pero ya ha causado indignación a legisladores ajenos de Morena. Los del PRI, por ejemplo, han considerado que es «incongruente» que se castigue una práctica que promovió durante décadas el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Julia Pardo Contreras, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil dijo que «se trata de ‘meter orden’, porque muchas veces se va a realizar una obra y diversos sindicatos no están de acuerdo por ciertos intereses, y tratan de cerrar el paso para frenar el avance de los proyectos que tanto necesita Tabasco».

Ingrid Rosas Pantoja, legisladora priista, se manifestó en contra de esto diciendo que «existen elementos que ponen en evidencia que las reformas se usarán no solo para los miembros de los sindicatos que bloquean obras y accesos para que les asignen los trabajos o reciban alguna prevenda, sino que por lo elevado de las penas, también serán pretexto para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de inconformidad en contra del Gobierno federal, estatal o municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas».

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