‘Hacen el feo’ a Norma Piña en su último informe

Con la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Arelí Soto, y de los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, así como de los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, los morenistas Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, la presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña Hernández, rindió su segundo y último informe, en el que dedicó la mayoría del tiempo a criticar a los gobiernos de la Cuarta Transformación y a descalificar la reforma judicial.

Como su último informe Norma Piña da sus “últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita el poder que creían de su propiedad”, señaló la ministra Lenia Bratres minutos antes de que concluyera el discurso de la que el 31 de agosto de 2025 dejará de ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial, pues señaló que en el mayor tiempo de su intervención no dio “ninguna información de acciones jurisdiccionales, sino que es un mensaje de oposición política y negación democrática”.

Durante 30 de los 40 minutos que duró su discurso, Piña Hernández habló de las presuntas amenazas y agresiones que recibieron integrantes del Poder Judicial impulsadas desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que buscaron “anular la autonomía del Poder Judicial para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas” que asegura “se intensificó de manera violenta cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de los juzgadores federales comenzó hace más de seis años”.

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La aún presidenta de la Corte, la misma que se reunió con Alejandro Moreno Cárdenas ‘Alito’ en medio del proceso electoral y que en la sesión del pasado 5 de noviembre buscó anular la reforma constitucional judicial con el voto de solo seis ministros de la Corte cuando se establece que sean ocho, se quejó de que desde el gobierno les llamaran “traidores a la patria” por el solo hecho de “no ser parte del proyecto político dominante”.

Norma Piña criticó la reforma judicial porque afirma que asegura que se hizo sin ningún diagnóstico previo, por lo que no se asegura que este funcionará, aunque admitió que el Poder que encabeza sí requería un cambio, pero no como el propuesto porque se acaba con muchas carreras.

“El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza”, sostuvo.

Y agregó: «Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los Poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto sólo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad».

Dijo que esta reforma inició cuando los integrantes de la Corte fallaron en contra de las leyes impulsadas por el gobierno porque asegura contravenían a la Constitución, el máximo garante de justicia. Pero criticó que no se haya impulsado también una reforma a las fiscalías, a las comisiones víctimas, al sistema penitenciario, de los que dijo se encuentran en ruinas.

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Señaló que la última decisión que molestó al ejecutivo fue echar para atrás la reforma del paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También recordó que invalidaron las reformas a la industria eléctrica, así como no avalar el clasificar como de seguridad nacional obras que el gobierno denominó como prioritarias.

“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales, de cara a la sociedad.

“En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica”, sostuvo.

Al último informe de la ministra que fue propuesta para ocupar un espacio en el Pleno de la Corte por Enrique Peña Nieto, estuvo César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, en representación de la presidenta Sheinbaum; y los ministros del TEPJF Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. La presidenta del TEPJF, Mónica Soto, incluso solo envió por escrito su informe a la ministra.