Gobierno español impone secreto a sus expertos

El gobierno de España protegió la identidad y la información de cerca de veinte expertos en distintos ámbitos, que asesoran a la vicepresidenta Teresa Ribera, del Ministerio para la Transición Ecológica para la desescalada, la cual permitirá a la población regresar a sus actividades paulatinamente.

Según una nota de El Confidencial, los involucrados en la desescalada firmaron un documento que exigía la confidencialidad y evitar así posibles demandas en contra del Ejecutivo. A pesar de la ley de Salud Pública y la de Transparencia que establecen que los informes del gobierno deben ser públicos.

La ley de Salud pública establece que “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente». Esta norma establece, incluso, que el gobierno debería desarrollar un reglamento para vigilar que no haya conflicto de intereses.

Esta confidencialidad se basa en el argumento de que los integrantes de dicho comité no quieren salir y que lo hacen voluntaria y altruistamente.

Sin embargo fuentes jurídicas, interpretan que el ocultamiento de la identidad de los expertos es una defensa para prevenir o minimizar reclamaciones contra la administración del Gobierno. Ante esto, los despachos preparan un alud de reclamaciones por la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en los que se exige, una indemnización por el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Cabe señalar que la vicepresidenta de Transición Ecológica y su grupo de expertos presentarán varias opciones al Gobierno para tomar las medidas estratégicas para empezar a disminuir las medidas de confinamiento y poco a poco reactivar la economía del país. Ellos informarán cómo funcionarán las infraestructuras y el transporte público para la movilidad, dentro y fuera del país.

De igual manera, el Ministerio de Sanidad, también blindó la identidad de los funcionarios que evalúan qué comunidades pasan de fase durante la pandemia del nuevo coronavirus, supuestamente originado en Wuhan, China.

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