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Gobierno de AMLO criminaliza a migrantes en frontera sur: ONG

Gobierno de AMLO criminaliza a migrantes en frontera sur: ONG
Foto: Cuartoscuro

Fuerzas federales, estatales y municipales se han desplegado en calles y carreteras de la frontera sur de México y desde la semana pasada se intensificó la revisión y patrullaje en los tramos utilizados por migrantes para detener indocumentados, y todavía falta que lleguen los 6 mil elementos de la Guardia Nacional. Mientras las estaciones ubicadas en Chiapas están rebasadas, denuncian organismos no gubernamentales en la zona.

Tanto políticos como defensores de derechos humanos reconocen que no tienen registro de una movilización de fuerzas del Estado como la que se despliega actualmente en la frontera sur, ni para el combate de tráfico de drogas, ni para detener a las organizaciones que se dedican a la trata de personas.

Gina Garibó, coordinadora de Pueblos sin Fronteras, explica cómo en Tapachula, cada camión o pesero que circula en carreteras es revisado por elementos de diversas corporaciones policiacas.

Retenes del Instituto Nacional de Migración (INM) en las carreteras de Chiapas a la altura de Tapachula. FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

“Esta movilización es en las principales ciudades del sur, les llaman zonas económicas, pero son en realidad cinturones de seguridad, ciudades cuartelizadas”, explica la activista.

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En Tapachula se contabilizan 13 retenes fijos y móviles que les llaman “volantas”, en Tuxtla Gutiérrez hay cuatro, uno en la ciudad y tres en el trayecto de la autopista que va a Coatzacoalcos. La revisión la realiza personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que es apoyado por elementos del ejército, Policía Federal, policías estatales y municipales.
 
Luis Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, comentó que se prevé la construcción de campos para refugiados en los municipios de Palenque y Tonalá, para poder concentrar ahí a los migrantes, que ellos estiman entre 5 y 7 mil en esta zona fronteriza.
 
La estación migratoria de Tapachula tiene capacidad para 960 personas y la de Tuxtla Gutiérrez para 80, físicamente es imposible albergar a las miles de personas que se encuentran en esta zona del país. Sin embargo, las autoridades no han encontrado un mecanismo para encauzar este fenómeno, pues están muy retrasados en los trámites para regularizar estancias o proceder a deportaciones.

En este proceso, añade, muchos migrantes buscan sitios de refugio ya sea la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), parques o plazas, quienes traen dinero se pueden ir a hoteles. Se trata de miles de personas que vienen de Centroamérica, Cuba, de varios países africanos y asiáticos.

Las estaciones del INM no se dan abasto ni en la atención ni en los procedimientos legales, añade Luis Villagrán y añade que están negando a los migrantes la solicitud como visitante por razones humanitarias que está prevista en el artículo 52 de la Ley de Migración y los dejan en indefensión, quienes pueden pagan por un amparo para no ser deportados.

Puso el caso de 146 cubanos que salieron de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, que fueron liberados después de dos meses, pero que el INM los rechazó para entregarles la visa humanitaria y quedaron varados.

Migrantes en la estación migratoria de Tapachula. FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

La concentración de fuerzas en carreteras, orilla a los migrantes a buscar pasos por caminos y veredas, donde están más expuestos a robos y violaciones, que parecen ser parte del costo que deben tener en cuenta quienes huyen de sus países. La frontera sur mide mil 243 kilómetros, 965 son con Guatemala y 278 con Belice, que incluyen mar y tierra, así que ¿cuántos elementos se requieren para detener la migración?

Resulta un tanto extraño que, durante estos días, con el despliegue de fuerzas policiacas, no se presenten reportes sobre detenciones de organizaciones o grupos criminales. Entonces “la visión y objetivo no es acabar con cualquier clase de crimen sino contener la migración”, resume Garibó.

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Los defensores de derechos humanos de migrantes Gina Garibó y Luis Villagrán destacan que la actitud de criminalizar la migración se agudizó con las conversaciones entre los representantes del gobierno mexicano y el estadunidense para evitar la amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel del 5 por ciento a las exportaciones mexicanas.

“En la balanza se colocó de un lado la situación económica y del otro la dignidad de las vidas humanas y pesó más lo económico”, incluso ahora se persigue a quienes se solidarizan con los migrantes, explica la coordinadora de Pueblos sin Fronteras.

Ejemplo de ello fue la detención de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, que ya fueron liberados porque un juez no encontró elementos para vincularlos a proceso por el delito de trafico de personas y representa una advertencia para los demás, algunos defensores andan escondidos y otros tramitando amparos.

Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez en conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro.

MARIELITO CENTROAMERICANO

Al cierre del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 2018, se registró una serie de caravanas de migrantes. ACNUR las estimó en 12 mil personas que cruzaron la frontera sur, el gobierno federal poco hizo para enfrentar la situación, porque era el cierre de su administración y le dejó una bomba de tiempo a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En esos momentos el discurso del presidente electo era de puertas abiertas. En una gira por Tamaulipas dijo que “a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ese es un plan que tenemos; que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo”.
 
Pero la presión del presidente de Estados Unidos modificó no sólo el discurso, sino las acciones de las autoridades mexicanas ante los migrantes y aún no hay claridad de la política pública para atender este fenómeno, más allá de la contención.
 
Mientras el gobierno federal no encuentra un mecanismo para atender este fenómeno, la población es la que tiene que enfrentar los problemas que generan estas grandes movilizaciones y se va propiciando un clima de rechazo. “Esta situación da pie a un sinfín de violaciones de derechos humanos, xenofobia, vulneraciones que se supone iban a ser parte del pasado”, explica Garibó.
 
El tiempo esta corriendo, el plazo que dio Estados Unidos fue de 45 días.

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