FGR gira dos órdenes de aprehensión contra García Luna por los Ceferesos y por Rápido y Furioso

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que dos jueces emitieron dos órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por delitos cometidos en territorio mexicano y que son independientes del juicio que le sigue el gobierno de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero explica en un comunicado que el primer mandamiento judicial contra el cercano colaborador del expresidente panista Calderón Hinojosa —actualmente viviendo en España— es relativo a su participación en la introducción ilegal de armas de fuego al país derivado del programa “Rápido y furioso”, orquestado en colaboración con el gobierno de Estados Unidos y cuyas armas subraya “han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia”.

Recordemos que con el proyecto planeado por las administraciones de ambos países se introdujeron a México alrededor de 2 mil 500 armas largas a territorio azteca, entre ellas decenas de AK-47 (cuerno de chivo), que llegaron a manos de los grupos delincuenciales nacionales y con algunas de ellas, incluso, asesinaron a ciudadanos estadounidenses, incluido un agente fronterizo. De acuerdo con las versiones del gobierno de Calderón y de Barack Obama, el objetivo de introducir armas de manera ilegal era que fueran compradas por miembros del narcotráfico para dar con sus paraderos, sin embargo, perdieron la pista de esas armas antes de dar con los delincuentes.

La segunda orden de captura, señala, se debe al caso de los Ceferesos, los penales federales privatizados durante su gestión al frente de la Secretaría de Seguridad y que generaron un daño patrimonial “inmenso” a las arcas públicas y “una serie de responsabilidades penales” por ello. Y de los cuales, apunta, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado cartas en el asunto para revertir los daños ocasionados.

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En este caso, recordemos que en abril del 2021 el gobierno federal dio a conocer que durante la administración de Felipe Calderón se hicieron convenios con ocho empresas privadas para que construyeran 12 penales federales ante el aumento de demanda de detenidos por la ‘guerra contra el narco’, pero únicamente se hicieron ocho, pero por las que Calderón y García Luna se comprometieron a pagar 10 mil millones de pesos anuales por 20 años por cada penal.

Bajo esos términos aceptados en contratos signados en el gobierno calderonista —reservados por considerarse de seguridad nacional— las arcas públicas tendrían que desembolsar 276 mil 619 millones de pesos y con la advertencia de actualización anual apegado a la inflación, sin embargo, el gobierno actual logró renegociar esos contratos “leoninos” para disminuir el pago.

Tan solo en 2020, informó Rosa Icela Rodríguez en abril de 2021, se destinaron más de 15.5 mil millones de pesos al pago de reclusorios privados y en los nueve años que llevaban en operación entonces las cárceles se habían pagado alrededor de 85 mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la República subrayó que además de esas dos órdenes, también ya se le siguen dos investigaciones más a García Luna, además de otra orden de aprehensión. Por estas tres peticiones de captura, indica que ya ha hecho las gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y ante las autoridades de Estados Unidos para solicitar la extradición del cercano colaborador de Felipe Calderón para que responda por los delitos cometidos en territorio mexicano.