EU acusa a Rubén Rocha y a 9 más por narcotráfico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la apertura de una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y nueve personas más por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, por conspirar para importar grandes cantidades de droga a Estados Unidos.

A través de un comunicado de la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, dio a conocer que al mandatario estatal sinaloense se le imputan tres cargos: por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y la conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

De hallarse culpable de estos cargos, el gobernador, podría enfrentar una condena de cadena perpetua o una mínima de 40 años de prisión obligatoria.

Este miércoles 29 de abril, apenas un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había mencionado que “no tenía conocimiento” de que el gobierno de Estados Unidos le hubiera retirado la visa al gobernador de su partido desde 2025 por presuntas investigaciones de corrupción, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que las imputaciones son altos funcionarios de Sinaloa que se habrían asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. Y que ahora será la jueza Katherine Polk Failla la que tendrá el caso en sus manos.

Además de Rocha Moya, en la lista de los imputados está el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, a quien le imputan los mismos delitos que al gobernador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, actual vicefiscal general del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez; exsecretario de Seguridad de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Polícia Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde morenista de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”,  excomandante de la Polícia Municipal de Culiacán. Todos ellos, acusados de los mismos tres delitos que se le imputan al gobernador, pero a ‘El Juanito” lo señalan también de secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte, esto en agravio de una fuente de la DEA y un familiar de esta fuente.

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En el documento de la imputación fechado el 23 de abril de 2026 y que ostenta la leyenda de “acusación de reemplazo bajo reserva” que difundió el Tribunal del Sur de Nueva York, señala que “los acusados, todos ellos funcionarios actuales o antiguos del gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa, han participado en esta asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos.

“Entre otras cosas, los acusados han protegido a los líderes del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales; han facilitado que se proporcionara información sensible de las autoridades del orden público y militar a miembros del cártel y a narcotraficantes aliados para apoyar las actividades delictivas del cártel; ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos y permitieron que los miembros del cartel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el tráfico de drogas sin que ello tuviera consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”, acusan.

Además, mencionan que pese a que los acusados han colaborado con diferentes narcotraficantes, están más estrechamente vinculados al grupo de “Los Chapitos” que es liderado por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredo”, y antes también por Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”, actualmente preso. Todos hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Acusan a Rocha Moya de aliarse con Los Chapitos desde la campaña en 2021 por lo que estos robaron votos de los oponentes del morenista para que él ganara. Una vez en el gobierno, afirman que asistió a reuniones con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel en las que se comprometió a “apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel. 

“Esas reuniones estaban custodiadas por sicarios del cartel, armados con ametralladoras y otras armas. Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de los Chapitos en su elección, Rocha Moya ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, Rocha Moya ha permitido a los líderes de los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público”, aseguran.

Sobre el actual senador, pero antes secretario de Gobierno de Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázares, el documento de imputación detalla que cuando fue alto funcionario de Sinaloa también se reunió con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel y acordaron planes específicos para que el gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha, apoye y proteja al cártel a cambio de favores, a su vez, ayudando a los acusados y a otros funcionarios corruptos a mantenerse en el poder.

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A cerca de Dámaso Castro Saavedra, actual vicefiscal general del Estado de Sinaloa, expresaron que tienen documentado que ha recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales por parte de Los Chapitos a cambio de protección para que no sean detenidos y por proporcionarles información sobre operaciones policiales que muchas veces son planeadas con el apoyo de Estados Unidos.

Sobre Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, revelaron que presuntamente recibía más de mil 600 dólares mensuales de Los Chapitos a cambio les daba acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizaba a agentes de la fuerza policial para ayudarlos a mantener el control sobre Culiacán, incluso mediante arrestos, secuestros y asesinatos. 

“En octubre de 2023, Millán presuntamente ayudó a los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, a quienes posteriormente torturaron y asesinaron, ya que se sospechaba que la fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta investigación”, indica.

Ante las imputaciones a los 10 altos funcionarios del gobierno estatal de Sinaloa y municipal de Culiacán, el fiscal estadounidense Jay Clayton expresó que “como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

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En tanto que el administrador de la DEA, Terrance Cole, dijo que “esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados ​​presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”. 

Clayton elogió la destacada labor de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, así como la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal del Departamento de Justicia y del Gobierno de México. 

Además, agradeció a las Fiscalías de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Sur de California, y a la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos del Departamento de Justicia. Así como al Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, una colaboración intergubernamental dedicada a eliminar los cárteles criminales, las bandas extranjeras, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico y contrabando de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.