Enfrenta el Estado de México una “mafia del agua”

El Estado de México fue desquiciado el pasado lunes por una protesta de “piperos”, quienes bloquearon vías como reclamo por la “Operación Caudal”, misma que culminó con el cierre de pozos de agua que habían estado explotando. Sin embargo, detrás de tales manifestaciones no habría el interés legítimo de abastecer de vital líquido a colonias que carecen del mismo, sino el lucro a partir de tal situación.

De acuerdo con fuentes consultadas del gobierno del Estado de México, los bloqueos de piperos y purificadoras son ajenos al presunto interés de evitar un desabasto en los municipios al limitar sus operaciones. Por el contrario, aseguraron que se trata de la reacción al verse “secados” negocios millonarios de mafias que se robaban el agua y lucraban con ella.

De acuerdo con fuentes oficiales, pese a aparecer estos personajes como defensores del agua, detrás de ellos hay una estructura criminal que se dedicó a saquear los pozos. Sostuvieron que estos revendieron tal recurso e incluso hay falsos “sindicatos populares” que fungen extorsionando comunidades enteras para apropiarse la explotación de este.

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Si bien no les acusaron directamente de esto último, sí se afirmó que eran “intermediarios del despojo” y responsables del delito de explotación de pozos tomados a la fuerza, el uso de pipas sin permiso y la venta de agua, misma que se hacía no solo de manera irregular, sino también con sobreprecio y sin control sanitario. En ese sentido, señalaron que estos no veían más allá de su negocio, de modo que nunca tuvieron una preocupación sobre la sobreexplotación de mantos freáticos ni la salud de sus consumidores, a los que hoy dicen defender.

El delito y las penas

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, quienes hayan incurrido en esas actividades habrían cometido delitos que son penados incluso con cárcel. Según el artículo 145, habrá penas de 2 a 6 años de prisión y multas de 50 a 200 días de salario mínimo para quien distribuya agua potable mediante pipas sin el permiso correspondiente. A la par, se tiene contemplado un castigo de 1 a 3 años de cárcel, con multa de 25 a 100 días de salario mínimo, para quienes usen fuentes de abastecimiento no autorizadas.

Para terminar, las personas consultadas insistieron en que estos grupos no defienden el derecho al agua y solo lo usan como chantaje para seguir con sus negocios, reiterando que los pozos legales siguen operando y suministro a la población seguirá garantizado. En tanto, afirmaron que esto es también un acto de justicia ambiental postergado.

Las palabras coinciden con lo recientemente dicho por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien negó que su gobierno esté ante una «cacería» de piperos y que ello esté afectando a la distribución de agua, ante el cierre de pozos que estaban siendo explotados ilegalmente. Por el contrario, sostuvo que lo único que se está haciendo es aplicar la regulación que existe actualmente en la materia e indicó hay disposición de regular lo que sea necesario.

Gómez Álvarez añadió que su gobierno mantiene puertas abiertas que su gobierno mantiene una política de puertas abiertas para escuchar y atender las inquietudes de personas que operan pozos o distribuyen agua, también conocidos como «piperos», en el Estado de México. Sin embargo, reiteró que también se sancionarán a aquellos que incurran en violaciones a lo establecido en la ley.