Emilio Lozoya rechaza que haya recibido soborno de AHMSA

Los abogados del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, negaron que su cliente haya recibido un soborno por parte de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), propiedad de Alonso Ancira, por 6.4 millones de dólares como lo aseguró la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La defensa del exfuncionario cercano al expresidente Enrique Peña Nieto que está acusado de haber comprado a sobreprecio la planta chatarra de Agronitrogenados, además de haber sobornado a legisladores para que aprobaran la reforma energética de 2013, aseguraron que lo que va del proceso penal en contra de Lozoya las autoridades jamás le habían mencionado una investigación que le realizan por haber recibido la “mordida” de Alonso Ancira.

“Nunca antes una autoridad del gobierno de México había hecho referencia a una supuesta ‘mordida’ de 8.4 millones de dólares. Ésta afirmación no tiene antecedente, ni documental ni técnico, alguno, por lo que resulta inaceptable”, señalaron los abogados, al tiempo que le pidieron a la UIF verificar su información.

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Recordemos que la semana pasada la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que Emilio Lozoya había aceptado una mordida de 8.4 millones de dólares por parte de Ancira para aceptar que Pemex comprara la planta de Agronitrogenados que resultó ser chatarra y que generó un desfalco al erario.

Por otro lado, la defensa hace mención a otro posible soborno que las autoridades también le imputan a el exdirector de Pemex por 3.4 millones también por parte de AHMSA, pero que afirman que ese recurso ya demostraron que sí lo recibió su cliente antes de ser servidor público y fue por haberle prestado servicios a la empresa acerera en proyectos específicos.

Alejandro Rojas y Miguel Ontiveros señalan que el reciente señalamiento de la UIF contra Lozoya Austin obedece que de alguna manera quieren justificar el aumento en el monto de reparación del daño que en la audiencia pasada informaron.

“De todo lo anterior se desprende que el monto de 30 millones de dólares exigido a Lozoya Austin como supuesta reparación del daño, es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico. De ahí que, en audiencia pública ante el juez de control, los representantes del gobierno de México no pudieron explicar su origen, lo que provocó los legítimos reclamos de nuestro representado”, dijeron.