Destituye Corte a alcaldes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó destituir ayer a funcionarios de Paraiso, Tabasco, y hoy desintegró los cabildos de Coacoalco, Estado de México, y Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.

La determinación se debió a que los funcionarios de las regionales desacataron algún tipo de mandato judicial.

A continuación te decimos quiénes fueron destituidos y por qué:

Paraiso, Tabasco. Ayer la SCJN destituyó al alcalde perredista Bernardo Barrada Ruiz, así como a 9 regidores de la localidad y dos funcionarios responsables de las finanzas del municipio en cuestión (a saber, María Cruz Frías, Asunción Díaz, Adelaida Romero, Antonio Dominguez, Norma Alicia Arévalo, Ismael Alejandro Peregrino, Crystel Colorado, Saúl Magaña, María Lizbeth Carrillo, Ángel Mario Lastra y Álvaro López).

La resolución también consigna al entonces alcalde priísta Jorge Alberto Carillo Jiménez y a su cabilde (a saber, Sebastián Santos, Guadalupe Sánchez, José Antonio Alejandro, Jorge Verduzco, Miriam Magaña, Victor Sevilla, Alma Yoriela Pérez, Paula Carrillo y Rosana Gómez ).

El motivo, incumplir un juicio de amparo que ordenaba la reinstalación de 23 trabajadores municipales, y no realizarles el pago por adeudos salariales en una cifra cuyo monto es de más de 93 millones de pesos.

Coacoalco, Estado de México. Hoy la SCJN aprobó la destitución del cabildo en Coacoalco, encabezado por el alcalde Erwin Javier Castelán Enríquez; los mismos serán consignados por desatacato al no haber cumplido el pago de más de 4 millones de pesos al exempleado Julián Domínguez Zamudio.

Asimismo se aprobó la consignación de 14 exfuncionarios del municipio, entre quienes se encuentra David Sánchez Isidoro, actual diputado priísta federal y quien deberá ser detenido por la Procuraduria General de la República (PGR)

Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. La SCJN aprobó la destitución del alcalde Pablo Pérez Maceda, así como del resto del cabildo.  La razón fue el incumplimiento de pagó de 967 mil pesos a una persona cuyo terreno fue invadido ilegalmente por el gobierno municipal para construir una obra pública.

Aún falta definir si las órdenes giradas en contra de los funcionarios de Coacalco y Tlacotepec de Benito Juárez conllevan el desafuero de los funcionarios en cuestión.