Delinea Gertz Manero paquete de iniciativas para reformar la procuración de justicia en México

Este miércoles fue presentado de manera informal el paquete de iniciativas para reformar el sistema de procuración de justicia en México. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, acudieron al Senado para hablar sobre los trabajos que serán entregados de manera definitiva el próximo 1 de febrero para su análisis.

Al inicio del acto, Olga Sánchez Cordero tomó la palabra para pedir que exista un compromiso para fortalecer a las instituciones de justicia para que, con pleno respeto a la independencia de poderes, se produzca una discusión legislativa y un debate prolífico que permita la mejor construcción normativa de un sistema que atienda a plenitud las necesidades de justicia en México. Por su parte, Julio Scherer coincidió en que México requiere un nuevo modelo de seguridad y justicia dado que el vigente ha llevado al país a un récord de 99% de impunidad.

Fue el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el encargado de delinear la mayoría del proyecto que entregarán de manera escrita el próximo 1 de febrero, señalando que las propuestas que entregarán buscan atender la globalidad de la situación a fin de evitar seguir realizando respuestas parciales que a la postre no han terminado de generar soluciones a los problemas de inseguridad, corrupción e impunidad.

Para ello, mencionó, se requiere una mejora de la procuración e impartición de la justicia, así como de la prevención y readaptación social por lo que buscarán atender y detener a los delitos desde su inicio dentro de la vida cotidiana mediante la aplicación de criterios generales pero con competencias locales claras como sucede con la Ley Federal del Trabajo

Además, señaló que el nuevo modelo de justicia buscará promover el trabajo comunitario para fortalecer los valores éticos y no solamente multas, las cuales se han vuelto “una especie de subasta” quitándole a los infractores el compromiso de resarcir el daño de manera personal.

Otro punto abordado por el fiscal fue el de los primodelincuentes, frente a los cuales proponen establecer sanciones eficaces mediante una Ley de Justicia Cívica, dejando la justicia penal para aquellos reincidentes en los delitos.

El tema también será abordado en las reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través de las cuales pretender que los primodelincuentes se encuentren en “cárceles abiertas bajo control” a fin de que estos no sean aprendices de los reincidentes, quienes pasarían a ser parte de la población interna de las cárceles y objeto de los procesos de reinserción social al hacer de estas centros para la productividad, la autocapacitación e incluso industria para que se preparen.

Gertz dijo que se sugerirá que los jueces puedan poner penas mínimas para aquellos que pasen por dicho proceso y agravantes contra quienes no quieran readaptarse, además de aislar por completo a los criminales más peligrosos.

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En cuanto la creación de un Código Penal único, refirió que se trataría de la homologación de la defensa social, aunque dejando espacio para que las entidades establezcan también delitos específicos considerando sus raíces culturales y las características regionales.

La corresponsabilidad de las autoridades y los procedimientos penales también estarían siendo rectificados desde la visión del actual gobierno federal, criticando que durante los últimos años 25 años las autoridades han estado acusándose unas a otras de ser las responsables de la falta de atención a los delitos, por lo que se estaría estableciendo de manera precisa quiénes deben proceder y cómo en caso de delitos federales.

Finalmente, se señaló la intención de terminar con el fenómeno de la “puerta giratoria” que permitiría además que aquellos policías que fallen con los requisitos del debido proceso sean castigados y que el proceso judicial sea repuesto, sin embargo, señaló que esto no debe significar, como hasta ahora, dar impunidad al delincuente, situación que pretenden reforzar al analizar la prescripción de algunos delitos y negarla para aquellos relacionados a un daño a la sociedad.

Por parte de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal se limitó a mencionar que esperarán a tener todas las iniciativas por escrito a fin de poder juzgar de manera prudente el proyecto ante la importancia de este paquete legislativo «de gran calado” el cual debe ser vigente durante muchos años.